MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

El articulo primero de la Constitución Española sitúa claramente las reglas básicas que deberán respetarse en la convivencia de la sociedad de nuestro país. Los valores superiores del ordenamiento jurídico son: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El articulo veinte desarrolla los derechos que colaboraran enérgicamente a la consolidación de esos pilares: la libertad de expresión y su defensa. El Estatuto de la Radio y la Televisión finalmente aclaró el papel de los medios públicos audiovisuales.

El ordenamiento jurídico español considera la actividad audiovisual como un servicio público esencial. Esta concepción es coherente con la mantenida por el resto de países de nuestro entorno, y constituye un puntal básico del modelo social de mercado que identifica a la Unión Europea.
El mantenimiento del servicio público, del interés general y del acceso universal a la televisión garantizan la cohesión social, la defensa de los derechos fundamentales y la posibilidad de una opinión pública libre, básica para el funcionamiento del sistema democrático.
El cumplimiento del servicio público se debe asegurar, de forma clara, con la existencia de una televisión pública fuerte e independiente, como un serio valor diferencial, en un mercado caracterizado por la opulencia comunicativa y el aumento indiscriminado de ofertas, pero no por la veracidad informativa, ni por la independencia, ni por la búsqueda de la objetividad.
Nosotros queremos que todos esos principios básicos y elementales se cumplan. Defendemos clara y rotundamente la existencia fructífera de la Radio y la Televisión Públicas, reafirmando la importancia de reforzarla y la prioridad de proporcionarle todos los medios que sean precisos para realizar información y programas competitivos y de calidad.
Así se resume nítidamente la filosofía que sustenta las actuaciones del FORO de Organizaciones de Periodistas y que defenderá siempre respecto a la Radiotelevisión Pública.
Reivindicamos el derecho de los ciudadanos a recibir información libre, veraz e independiente. Nos corresponde el difícil papel de buscar el equilibrio entre derechos que a veces aparentemente se pueden solapar.

En España cohabitan de facto las cadenas públicas transnacionales, las plataformas digitales, las públicas nacionales, las públicas autonómicas, las privadas nacionales, las de pago, las locales en cadena, las locales... Todo eso sin ajustar claramente las lindes y condiciones del campo de juego, con visión global.

Se mantiene el debate de lo público y lo privado en el sistema de comunicación unidireccional más potente hasta hoy en día: es machacón, aunque no inútil, repetir que la televisión multiplica, con su audiencia, el número de lectores del periódico de más tirada, lógicamente, en su mismo ámbito.
Construir un discurso diferenciador entre las televisiones públicas y las privadas es, hoy día, en España, harto difícil dado el esquema de funcionamiento "tipo-privada" que se han visto obligadas a adoptar la mayor parte de las públicas y en especial Radiotelevisión Española, al no contar prácticamente con otros recursos que los obtenidos de la publicidad y la comercialización de sus productos, como cualquier TV comercial. Es decir, al no contar con la financiación adecuada.
De esa situación de ambigüedad debería derivarse una mayor sensibilidad de los gobiernos, para garantizar, sin actitudes dubitativas, el porvenir de las televisiones públicas, imprescindibles para la vertebración de Europa y para garantizar el modelo de la UE que identifica a la televisión y a los medios de comunicación como mecanismos clave para la creación de nuevos ciudadanos y consumidores modélicos en el mercado único y para la definición de lo que significa, en la era de la integración, ser europeo. La directiva sobre la Televisión sin Fronteras apuntaba al desarrollo de un nuevo espacio audiovisual que apoye el proceso de armonización política y social.
Ya en 1996 la Comisión Europea estimó que la financiación de una cadena de televisión pública por el Estado constituía "una compensación a sus obligaciones como servicio público".

El Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los estados miembros de la Comunidad Europea, firmado como anexo del Tratado de Amsterdam, considera que el sistema público de los medios audiovisuales está directamente relacionado con las demandas democráticas, sociales y culturales de cada sociedad, y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación. La prestación de este servicio público exige la doble financiación y sólo así es posible.

Una actuación como la del Estado Español, dejando a su Televisión Pública al albur de los dictados de la publicidad, rompe estos principios y deja a España fuera del proyecto.
Mientras todos los partidos con mayor o menor sinceridad se han apuntado a la defensa de las Radio Televisión Publica, se suceden ataques contra ella desde diversos frentes, especialmente de grupos multimedia que controlan diarios, revistas, radios, televisiones, productoras… y hasta telefonía.
Se les facilitan argumentos dado que el Gobierno de turno, ya sea del Partido Popular actualmente o Socialista antes, siempre ha permitido que RTVE acuda a la formula del endeudamiento antes que cumplir la Ley del Estatuto de la Radio y la Televisión que les obliga a subvencionarla adecuadamente.
En su programa electoral del 96 el Partido Popular contemplaba la privatización de RTVE, posteriormente reajustaron sus planteamientos y esta opción desapareció de sus proyectos inmediatos según todos los indicios. Hoy parece que el PP apuesta por un Grupo Público Audiovisual comparable a los demás modelos europeos sobre la base de la filosofía política en la que se basa la Radio y la Televisión de titularidad estatal en Europa; en cuanto a modelo, tamaño y financiación no está tan claro que la apuesta sea tan sincera.

Y además podemos observar gran ambigüedad si constatamos la decisión del Gobierno de situar al grupo RTVE dentro de la SEPI.

La obligación de afrontar la grave situación económica de la radiotelevisión pública, no se compadece con la realidad de las decisiones adoptadas. La SEPI es el instrumento para privatizar empresas públicas, no para gestionar entes autónomos. La SEPI, por tanto, no está para resolver situaciones generadas por el incumplimiento de la Ley, es decir, del Estatuto de la Radio y la Televisión, que consagra la financiación pública -vía subvención- de RTVE, cuestión no asumida por los gobiernos del PSOE y tampoco por los gobiernos del PP.

Este incumplimiento de la Ley no se solapa con medidas de huida hacia delante sino reponiendo la legalidad; es decir, subvencionando suficientemente RTVE como lo que debe ser: un servicio público esencial. Como lo que es en toda Europa. No tratando de llevarla a emular el desastre de la PBS, la Televisión Publica Norteamericana, testimonial y, en realidad, inexistente.

El mercado no es la panacea para regularlo todo y mucho menos la jungla de unos medios de comunicación de notable influencia, sometidos adicionalmente a procesos de concentración de la propiedad, desde los que se pueden emitir mensajes uniformes y nada plurales; eso sí, en aras de la libertad de expresión... de unos pocos, claro.
El proyecto y el deseo de las empresas privadas es, por supuesto, hacerse con la propiedad de las cadenas publicas o reducirlas a lo que son las PSB norteamericanas, (televisiones no del todo públicas, cofinanciadas por el Estado y por fundaciones e instituciones culturales de carácter privado) con lo cual, no sólo se evitan la competencia sino que tienen en sus manos el enorme poder que supone el manejo y emisión de la información.
En la comunicación de la Comisión Europea, "Hacia la sociedad de la información en Europa: Un plan de acción", dirigida al Consejo y al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, se explicita: "El marco reglamentario que se aplica al contenido de los servicios audiovisuales debe contribuir a garantizar la libre circulación de estos servicios en la Unión. Debe igualmente responder a las posibilidades de crecimiento en este sector abiertas por las nuevas tecnologías. Estas medidas deben tomar en consideración la naturaleza especifica, y en particular la incidencia cultural y sociológica de los programas audiovisuales, sea cual sea su modo de transmisión. La televisión tradicional constituye un servicio importante para hacer penetrar la sociedad de la información a domicilio.
Pero el consenso europeo sobre el asunto no ciega el debate permanente entre quienes son partidarios del liberalismo a ultranza, es decir del mercado como único regulador, y los defensores del servicio público como única garantía de defensa de la pluralidad. No se puede dejar de lado que la lógica de la televisión privada está en contradicción con cierto tipo de emisiones y limita peligrosamente la diversidad de la oferta. El único objetivo es la consecución del beneficio máximo, generalmente económico, aunque a veces sea ideológico y político; para alcanzarlo, el dios principal es la investigación de audiencias. Importa la cantidad de gente frente a la pantalla, no la satisfacción o el interés producido por lo que se emite. El anuncio que provoca un instante de emoción televisiva no es más eficaz, según parece, que el que hace reaccionar a un ama de casa despistada o despierta a un telespectador adormecido en su butaca, que es la gloria a la que aspiran los publicistas. Por eso donde prima la competencia comercial no se gasta un euro en ampliar las encuestas de simple audiencia al conocimiento del interés suscitado, la satisfacción producida o el efecto logrado en los telespectadores.
Y esta es una situación muy grave para las televisiones públicas: no tienen instrumentos que les permitan orientar y graduar sus esfuerzos. Falta el conocimiento de la intensidad de la comunicación y eso produce que la televisión basura sea colocada en la misma escala que la de calidad, la elaborada, que hace vibrar, pensar o emocionarse al telespectador. Y por tanto las televisiones públicas, ante esa realidad y más en el caso de las españolas, tienen que comparecer en el mercado marcando su rumbo con instrumentos diseñados para la simple competencia publicitaria, eligiendo entre banalizarse o acabar marginándose situadas casi fuera del circuito. El ejemplo claro de marginación es la televisión pública norteamericana, la PSB, con una audiencia total del 1 por ciento. A esa presencia marginal, rondando lo clandestino, no puede aspirar ninguna televisión, por muy pública o resignada que sea.
Otro ejemplo de la importancia del servicio público en la TV, se observa con una simple comparación: En Francia existen más emisores y remisores que en todo el inmenso territorio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la cobertura importante la regula el mercado y a las corporaciones privadas que reinan allí sólo les interesan los grandes núcleos de población.
Sin embargo, alternativamente las emisoras locales han alcanzado un alto grado de madurez y desarrollo, con fuertes niveles de audiencia en las horas de emisión de sus informativos locales.
Tanto las televisiones autonómicas, como las privadas, especialmente éstas últimas, se han diferenciado desde su nacimiento por la disminución de medios tanto técnicos, como humanos, en sus métodos de producción, esto alcanza una evidencia mayor en las locales.
El sometimiento a las leyes de la competencia ha obligado a las públicas a adaptar sus estructuras a toda velocidad a estos métodos, rompiendo de esa forma lo que debería ser imagen de marca del servicio público: el culto a la calidad, aún a costos más elevados.
Los niveles de empleo han caído por tanto en picado, no sólo en cantidad, sino en calidad, y llegándose a la explotación pura de buen número de profesionales, mientras se pagan cantidades desorbitadas a las llamadas figuras.
Directamente la televisión, antes de la aparición de las privadas, daba trabajo a unas 20.000 personas; actualmente la cifra se sitúa debajo de las 18.000. No sólo no se ha creado empleo sino que se ha destruido y precarizado en un desmesuradamente elevado número de casos.
Una de las actuaciones exigibles a las televisiones públicas normales, es no desechar introducirse en lo que se llaman "inversiones de riesgo", especialmente en el terreno de la cultura, la información y la propia difusión.

Para una TV pública, las minorías, deben ser importantes. Y un núcleo de sesenta personas es tan respetable para garantizarle la cobertura, como una comunidad de doscientos mil.
Los intentos de desarme y desmontaje pieza a pieza de la televisión pública no casan con el papel difusor de la cultura que asigna el tratado de la Unión Europea al audiovisual, pero esta sólo puede jugar un papel de buen nivel si las circunstancias no le impiden establecer una buena e intensa relación de comunicación con el ciudadano; estando obligada la pública a cuidar que la destilación de la cultura "por porosidad" que facilita la TV, no acabe en inoculación perniciosa.
Insistimos en no olvidar que el mercado es el enemigo natural de la Cultura. El sometimiento de esta a sus reglas significaría su laminación.

De facto la información ha dejado de considerarse un bien publico para situarla en el plano de la pura mercancía.

Retomando el asunto de lo que une y lo que separa a las distintas modalidades de televisión, conviene apuntar lo obvio: que deberían ser complementarias; el panorama español es la tendencia, más que observada, a ser generalistas. Lo que hasta hoy se ve como una aceptable idea para difundir información local y canalizar las inquietudes comunicativas de comunidades concretas, que no tienen porque coincidir con las de otras comunidades, puede convertirse en más de lo mismo... pero peor hecho.
El sector audiovisual, en el que durante los últimos años se han venido produciendo importantísimos cambios, continuará en permanente y progresiva mutación basada, de forma especial, en rápidas transformaciones tecnológicas.
Pero, la prestación de los servicios de radiotelevisión habrá de conjugar adecuadamente los principios de libre competencia y de igualdad, para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas.
Durante estos años se están produciendo alianzas, asociaciones y fusiones nacionales y multinacionales, tanto con integraciones horizontales entre diferentes medios, como con nuevas integraciones verticales, (entre industria cinematográfica, industria de producción de programas de televisión, servicios de radiodifusión sonora y televisión, operadores de cable y telecomunicaciones, industria de la edición, fabricantes de equipos de recepción individual -codificadores y antenas parabólicas-, fabricantes de equipos y de nuevas tecnologías -de acceso condicional-, informática, detentadores de catálogos...), en una sociedad de la información que será cada vez más multimedia e interactiva.
Este esfuerzo integrador deberá ser atemperado para que no se produzca un proceso de concentración que lleve a nuevas fórmulas de monopolio. La necesaria fortaleza no debería derivar en posiciones de dominio de mercado y de la sociedad y ésta es una de las preocupaciones que deben ocupar al legislador español y al europeo en favor del necesario pluralismo.
La televisión por satélite y cable, así como la televisión de pago, han conducido a importantes cambios, pero su desarrollo será velozmente mucho mayor, ya que con la comprensión digital no sólo están apareciendo muchas mas ofertas temáticas sino que ya es posible la combinación de las mismas con otros productos.
El desarrollo tecnológico produce una diversificación de lo audiovisual y de la radiodifusión sonora y televisiva.
La globalización, en la que España debería jugar un importantísimo papel al contar con un idioma evidentemente poderoso, no debe, sin embargo, producir marginación de mercados nacionales, regionales y locales, sino todo lo contrario. La diversidad de culturas nacionales y regionales, la personalidad de los diferentes pueblos europeos, la promoción de las distintas culturas europeas y el respeto, al mismo tiempo, de la identidad de cada país han de estar siempre presentes.
La multiplicación de canales de televisión no está teniendo los efectos deseados de estimular la demanda de producciones europeas sino, por el contrario, socavar las fuentes de financiación de las cadenas y forzarles a recurrir a programas importados más baratos (producciones provenientes de catálogos ya amortizados en otros mercados). La televisión es y ha de continuar siendo, locomotora para la producción audiovisual europea, con las televisiones públicas a la vanguardia. Sin un sector de la radiodifusión económicamente viable, las cuotas y ayudas para las producciones europeas no conseguirán resultados significativos.
Es necesario el mantenimiento y desarrollo de unas fuertes radiotelevisiones públicas en un entorno en creciente competencia y de rápidos cambios tecnológicos, de forma que se garantice una amplia gama de programas de información, formación, cultura y entretenimiento a todos los ciudadanos, si bien también deberán prestar otros servicios: interactivos, de acceso condicional, canales temáticos...
En Europa, en la mayoría de los casos con mejor y más clara regulación, se sigue sufriendo durante los últimos años una situación de acoso y derribo similar al temporal que capea la radio televisión pública en España, pero la ola -como decíamos en las líneas anteriores- ha decaído y hoy, en todos los foros en los que participamos, la actitud clara es la defensa de las RTVs públicas y del importante papel que juegan en la Unión Europea en la vertebración de sus sociedades y en la aproximación de unas culturas a otras y lo que significa de comprensión de los caracteres de otros pueblos a los que los tratados hermanan.
Las radiotelevisiones públicas europeas asumen un importantísimo papel mediante el cumplimiento de diferentes misiones, tal y como se ha subrayado en diferentes foros internacionales pilotados por la Unión Europea:

- Ser vertebradoras de la democracia
- Servir de punto de referencia a todos los ciudadanos.
- Actuar como factor de cohesión social e integración de todos los individuos, grupos y comunidades, rechazando cualquier tipo de discriminación cultural, sexual, religiosa o racial así como cualquier forma de segregación social.
- Ser foro público de debate en el que el más amplio espectro de puntos de vista y opiniones pueda ser expresado.
- Elaborar programas pluralistas, innovadores y variados con altos niveles éticos y de calidad sin sacrificar el objetivo de una mayor calidad a la dependencia del mercado.
- Desarrollar y ofrecer parrillas de programas y servicios de interés para un público amplio, atendiendo al mismo tiempo, a las necesidades de grupos minoritarios.
- Reflejar las diferentes ideas y creencias de la sociedad, con el objetivo de estrechar la mutua comprensión y tolerancia.
- Promover las relaciones comunitarias en sociedades pluriétnicas y multiculturales.
- Contribuir activamente a una mayor estima y difusión de la diversidad de culturas europeas y ser testimonio vivo de las tradiciones y de la identidad de cada país.
- Servir de piedra angular que impulse la concepción, producción y distribución de obras audiovisuales europeas, rompiendo la bipolarización nacional / americana en el sector de la ficción.
- Asegurar una significativa proporción de producciones propias y originales: películas cinematográficas, espacios dramáticos y otras obras creativas, teniendo presente la necesidad de contar con productores independientes y de cooperar con la industria cinematográfica.
- Hacer posibles y disponibles para los ciudadanos servicios y programas que normalmente no serían ofrecidos por televisiones privadas.

Para lograr todo esto, las radiotelevisiones públicas han de contar con medios de financiación a la altura de las importantes misiones que tienen encomendadas. Por ello, el Estado y las Comunidades Autónomas deben hacer posible el correcto desempeño de las mismas con un adecuado sistema de financiación mediante fondos públicos, aportaciones públicas directas, como manda la Ley 4/80, del Estatuto de la Radio y la Televisión, junto, en su caso, a otros ingresos: publicidad, comercialización...
Este sistema de financiación ha de contemplarse en un horizonte temporal amplio, de tal forma que permita a las radiotelevisiones públicas efectuar planes a largo plazo e ir llevando a cabo, con la suficiente y necesaria antelación, los correspondientes compromisos en la producción de programas y adquisición de derechos. La financiación publica también deberá contribuir a la prestación por las radiotelevisiones públicas de servicios temáticos y al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías (en la producción, emisión y en nuevos servicios, especialmente los interactivos) que permitan el más completo cumplimiento de las misiones que les corresponden.
Todo ello ha de quedar encuadrado en un marco legal y unas estructuras que garanticen la independencia de las radiotelevisiones públicas frente a interferencias políticas o económicas. El Estado y las CCAA habrán de esforzarse en asegurar que la crucial contribución que las mismas prestan al pluralismo y al derecho de los ciudadanos a recibir información y una equilibrada programación, no se vea perjudicada por prácticas económicas de concentración de medios, adquisición de derechos en exclusiva y control sobre sistemas de distribución (como los de acceso condicional). Se debe exigir el cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo que limita las opciones concentradoras y defiende el pluralismo.

Porque, para garantizar nuestro derecho a creer en la información que recibimos, perseguimos saber en manos de quién está el gran poder de la comunicación. Quién está detrás de los diarios con más difusión, de las cadenas de televisión y de las emisoras de radio con más audiencia, en definitiva, quién está detrás de las opiniones y contenidos que nos llegan a través de los medios y la maraña enredada en torno a ellos nos dificulta hasta lo imposible la misión.
Debemos tener en cuenta el proceso de convergencia tecnológica que se está produciendo en todos los campos hasta la unión de los servicios de telefonía con la televisión por cable e Internet y a eso se están apuntando las grandes empresas de telecomunicaciones y no tan sólo las tradicionales empresas de comunicación.
Tenemos también que considerar la incorporación de las nuevas tecnologías a los medios de la televisión y de la radio, como la digitalización por satélite, cable o terrestre. Y la importancia cada vez mayor que va adquiriendo Internet, tanto por la presencia de los medios en la red, como por la gama tan amplia de servicios que ofrece.
La buena salud de las radiotelevisiones públicas ha de ser considerada vital para garantizar el entorno audiovisual en su conjunto. En un nuevo mundo audiovisual, con una cada vez mayor internacionalización y crecientes cambios tecnológicos, las radiotelevisiones públicas deben seguir jugando un papel clave en el cumplimiento de unas misiones que le son propias.
Resumiendo, podemos recoger las conclusiones, absolutamente vigentes, del Seminario Internacional sobre Radiotelevisiones Públicas, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid:

- La radiotelevisión pública es imprescindible para el desarrollo plural de una sociedad libre.
- La radiotelevisión pública debe ser financiada por el Estado; éste tiene una seria responsabilidad cuando no la dota de medios.
- En el caso de la RTV Pública los valores de la democracia se están colocando debajo de los valores del mercado.
- No se puede pasar de un monopolio público a un monopolio privado.
- Sorprende que algunos se extrañen de que, obligada a la competencia y financiada sólo por la publicidad, la Televisión Pública deteriore sus contenidos.
- No se puede arreglar la RTV Pública si no se arregla antes el panorama audiovisual completo.

- En el caso de España, frenar el progresivo desquiciamiento del sistema español, causado por el tránsito de la RTV Pública desde el monopolio hasta la coexistencia con las privadas, sin modificación del marco normativo.

- En las Comunidades Autónomas se debe hacer un esfuerzo por hacer llegar una Televisión Pública que colabore activamente a su integración.
- Es urgente una legislación europea seria y completa que proteja claramente la RTV Pública y regule todo el audiovisual.
- Actualmente las circunstancias llevan a que la radiotelevisión pública tenga que asumir lo que no quieren las privadas y competir con lo que tienen las privadas; con el inconveniente normativo adicional de una menor flexibilidad empresarial.
- Invertir en Comunicación es tan rentable como invertir en carreteras, por ejemplo.
- El peligro actual para el pluralismo es la concentración de la propiedad.

La radiotelevisión pública debe ser una garantía de calidad del producto y una garantía para el público-audiencia, el público-elector y el público-ciudadano, sujetos generalmente pasivos del mensaje audiovisual.

Tenemos perfectamente claro que:

La televisión pública garantizando el derecho a una información veraz y ética, garantiza rotundamente el derecho a la libertad de expresión.

La democracia de masas es el avance más importante en la historia política de la humanidad: Jamás un número tan elevado de ciudadanos había estado tan informado y participado en procesos electorales de forma tan igualitaria. Son los medios de masas y, en vanguardia la televisión pública, quienes pueden asegurar esta igualdad indispensable para el ejercicio de la democracia.

La televisión no es un freno, ni una rémora para la democracia, al contrario, es una condición para su ejercicio. La televisión es para millones de ciudadanos el principal, por no decir el único, vehículo de información, de distracción y de cultura. Esto crea una responsabilidad que sólo se puede reclamar a la Radio Televisión pública.

A medida que la televisión pública sea más independiente que el conjunto de las televisiones existentes, le será más fácil afrontar esta responsabilidad. La total independencia real le permite y a la vez le obliga a asumir la máxima responsabilidad.

Al contrario de lo que suele mantenerse, las televisiones privadas no son independientes del poder político. Las cadenas privadas han de estar - por razones financieras, como mínimo - ligadas a grandes grupos de comunicación que están en negociación permanente con el poder político.

La igualdad en la televisión es su clave, puesto que llega a todo el mundo y todos hablan de ella, desde lo más alto a lo más bajo de la escala social. En una sociedad en la que las desigualdades son más numerosas que las medidas en favor de la igualdad, la TV se convierte en una de las únicas actividades realmente igualitarias.

Nadie duda que una televisión pública generalista, satisface algo más fácilmente la exigencia de comunicación de masas que la televisión privada, obligada a satisfacer previamente el pensamiento, las ideas y los intereses de sus dueños y, sobre todo, a conservar sólo aquellos programas que sean rentables.

La televisión pública conecta directamente la información, la cultura y el entretenimiento, sin tener que realizar permanentemente la conexión intermedia: obtención de beneficios.

La televisión pública no es por si sola garante de la libertad de creación, pero dentro de las dificultades que implica siempre el tener que seleccionar, puede, por su condición, facilitar mucho más ampliamente (dedicando espacios aunque no sean rentables) el ejercicio de esta libertad.

La televisión pública debe admitir la primacía de la oferta sobre la demanda, como se constata en la mayor parte de las industrias culturales. Sin embargo, la oferta lleva consigo una cierta exigencia de calidad, y tiene la obligación de repercutir también en la demanda. Se dice que partir de la oferta, rechaza el razonamiento de la esclavitud de la audiencia. Esto es, olvidar que el audímetro no mide la demanda sino la reacción ante la oferta. Pero si la oferta es mala, hay posibilidades de que la demanda la refleje y viceversa.

La televisión pública al valorar el papel de la oferta introduce una cierta independencia con respecto a la audiencia, y los dirigentes de la televisión pública pueden aplicar una política de programación que no busque resultados inmediatos. Los resultados no dependen únicamente de la audiencia, se pueden ofrecer en horas de "prime time", programas que no tengan (que no aseguren) la audiencia más importante, y evitar el rechazo, en una hora más tardía de la noche, de programas más inteligentes.

Mantener la existencia de un principio de calidad en la televisión pública, para asegurar las emisiones, con el fin de evitar que la explosión comercial de la comunicación no sea dirigida únicamente por el mercado.

Puede garantizar que en el horario infantil sus programas sean los adecuados y sumando las modernas técnicas electrónicas, los padres podrían programar las televisiones limitando a los niños el acceso a sólo esas programaciones.

La televisión pública facilita el mantenimiento de un sector de producción diversificado y no reducido sólo a programas de gran éxito. La existencia de una industria diversificada de programas es condición necesaria para que pueda existir una oferta variada de emisiones.

Revalorizar la financiación pública de la televisión es esencial en este momento; cuando muchos quieren someterla únicamente al dictado del mercado. Cuando en casi todos los países existe una gran protección económica de la prensa, la industria editorial y el cine. ¿Por qué se admite la fragilidad de estas industrias culturales y se le quiere negar la mayor a la televisión?. La utilidad social y cultural de la televisión ¿no merece también participar en estas reglas del juego económico?. ¿Se dejaría la ciencia, la educación, la defensa, o la salud al solo arbitrio de las reglas del mercado?

Los intentos de desarme de la radiotelevisión pública no casan con el papel difusor de la cultura que asigna el Tratado de la UE al audiovisual ni con las resoluciones de la cumbre de Amsterdam. No conviene olvidar nunca que el mercado es el enemigo natural de la cultura. El sometimiento de ésta a sus reglas significaría su laminación.

Si hacemos referencia a las instituciones democráticas conviene plantearse seriamente que los poderes legítimamente representativos y elegidos o sancionados en las urnas (Presidentes República, Reyes, Gobiernos...), no pueden depender del favor de la emisora privada para dirigirse a los ciudadanos cuando la ocasión lo exija. Las televisiones públicas cumplen directamente ese papel, escasamente utilizado en las democracias, pero de imprescindible presencia y regulación.

La televisión pública de los países desarrollados está en la mejor posición para colaborar al desarrollo de otros pueblos de su área idiomática, sacrificando posibles beneficios económicos.

La rentabilidad económica indispensable no debe hacernos olvidar que alrededor de los receptores se sitúan millones de personas para las que la televisión es el compañero más íntimo de su vida privada y su único medio de acceso al mundo que le rodea.

La posibilidad más potente de la televisión es el poder de participar libre e individualmente, (desde casa), en una actividad colectiva. Es la mezcla de estas dos dimensiones contradictorias: el consumo privado de una actividad colectiva, la que establece un vínculo social irremplazable en una sociedad de masas. Contrariamente a lo que se afirma con frecuencia, la televisión no crea aislamiento, sino todo lo contrario. La televisión nos llegó después de las grandes transformaciones sociales, que tuvieron lugar en los últimos tiempos y de la creación de los grandes suburbios periféricos de las ciudades, con el añadido de la fragmentación de la familia; una época en la que se han multiplicado las situaciones de soledad. La televisión, si la analizamos mejor, es sobre todo un remedio a la soledad, más que una causa de ésta. Ha contribuido a paliarla mucho más que a crearla.

La televisión pública contribuye a frenar la instalación de una televisión de dos velocidades: una generalista y baja de gamas, pero cuyos programas se aseguran un cierto éxito; y otra de una temática monográfica y de pago para los programas verdaderamente interesantes. Por el contrario, la fuerza de la televisión pública es ofrecer el mayor número de programas interesantes en una parrilla en la que el espectador tenga la libertad de escoger.

Es más fácil hacer cadenas monotemáticas que generalistas que sirvan al espectador en función de su demanda, sin ensayar o buscar el interés en otros temas. Bajo la apariencia de la libertad (privadas) se restablecen una serie de desigualdades sociales y culturales, que mantienen el orden preestablecido y no cuestionan nada que "no deba ser cuestionado".

Los liberales igualan Europa a un mercado, mientras la Comisión quiere utilizar la televisión para acelerar la construcción de una identidad Europea bastante inconcreta y de difícil vertebración. En ambos casos, la televisión se encuentra en el centro de una serie de conflictos económicos y políticos considerables. Si el espacio europeo se abre en un plano económico y político (moneda única, Tratado de Schengen, unidad política...), sería aconsejable conservar al menos un factor diferencial: las identidades culturales, que hoy aparecen en cada una de las televisiones nacionales. Si la forma de ser de Bélgica o de Francia, países muy próximos, reflejan en sus respectivas televisiones estilos propios y diferenciados, acomodados a cada una de sus culturas; qué decir entonces de Gran Bretaña y Grecia, o de Dinamarca e Italia, España o Portugal.

No es el momento en el que desaparecen las fronteras, el más adecuado para reclamar un espacio de comunicación europeo. Se hará, pero mucho más despacio que la Europa Económica y Política, precisamente porque las televisiones son la expresión de identidades culturales independientes que permanecerán durante bastante tiempo como únicos factores diferenciales. Se tiene que construir Europa, pero es necesario preservar las identidades nacionales frente a los que quieren reducirlas. Sin perder de vista que en muchos de los países de la UE, existen identidades regionales muy diferenciadas, subrayadas incluso por la posesión de televisiones públicas regionales: Alemania, España, Bélgica.

La televisión pública está mejor situada para representar o reflejar una identidad nacional y una apertura progresiva a otras identidades.

Es imprescindible la existencia de televisiones públicas, para evitar la identificación del espacio audiovisual con los intereses de los grandes grupos de comunicación.

La desaparición de fronteras históricas en Europa, y la reaparición de otras diferentes, ha aumentado la necesidad de respetar las diferentes entidades políticas, geográficas y culturales. Y en su seno, conservar el rol jugado por las televisiones como medio de masas. Estos países y sus culturas, requieren, todavía más que los países del Oeste de Europa, el respeto a su historia pasada e inmediata.

La cooperación de las televisiones en Europa constituye un medio para evitar la contradicción entre nacionalismo y construcción de un nuevo espacio europeo, entre identidad y expansión en Europa. Y ese marco de cooperación sólo se puede dar, desnudo de intereses particulares, entre radiotelevisiones públicas.

Si la televisión pública no puede aportar por sí misma ninguna respuesta ideal, nadie puede permitirse en nombre de la modernidad (que a menudo oculta intereses inconfesables) descalificar su aportación.

En cualquier caso y aceptando la concurrencia entre los sectores público y privado, hay que impedir que los propietarios de las televisiones privadas pretendan construir sus imperios sobre las cenizas y la tierra quemada de las televisiones públicas, por la vía de su descalificación permanente y de acusaciones gratuitas sin base real.

Las televisiones privadas no garantizan, en absoluto, ni el pluralismo, ni la independencia, ni la libertad de expresión y esto sí se puede garantizar en las públicas que no están sometidas a entramados inexpugnables de concentraciones de la propiedad, con intereses comerciales fortísimos como único sentido final de su existencia, ya sea con el objetivo simple de ganar dinero o el más complejo de dar poder a sus propietarios.

A las televisiones públicas hay que dotarlas de respaldos legales y garantías jurídicas que les permitan el máximo nivel de independencia. Resulta imprescindible la elección, al margen de los intereses gubernamentales o partidistas, de sus máximos gestores. Se debe procurar la no coincidencia con los periodos de legislatura.

El respeto al código ético de los periodistas hay que reivindicarlo en todas las radiotelevisiones pero, siendo realistas, conviene tener en cuenta que sólo se puede conseguir de inmediato y hasta un plazo medio, en las radiotelevisiones públicas.

Se hace necesario, también, un compromiso político para llegar a un modelo viable, sostenible y equilibrado de las empresas públicas audiovisuales de las comunidades autónomas. Aún preservando la autonomía de cada nacionalidad y de cada región, el gran pacto de Estado por la televisión y la radio públicas debe contemplar explícitamente la pervivencia, como servicio público, de los entes audiovisuales territoriales.

La rentabilidad de las radiotelevisiones públicas se mide en
términos de servicio a la Sociedad, no en términos económicos.

Defenderemos en todos los foros:

- La necesidad de reforzar el sector publico audiovisual y la prioridad de proporcionarle todos los medios precisos para realizar información y programas que sean a la vez competitivos y de calidad.

- La adopción de medidas legales que garanticen realmente la absoluta independencia de la Radiotelevisión pública del Gobierno de turno.

- La elección parlamentaria del director general por mayoría de dos tercios, cuestión imprescindible para tratar de garantizar una cierta independencia porque en estos momentos el director general de RTVE es nombrado directamente por el Gobierno y a él sirve con gran dedicación y sumisa actitud y no a la Sociedad Española como sería su obligación legal y moral.

- La doble financiación clara y transparente como marcan las normas europeas y el Estatuto de la Radio y la Televisión.

- El respeto absoluto a los Principios Básicos de Programación de RTVE..

- Una televisión pública que garantice el pluralismo, la veracidad, la imparcialidad y los derechos fundamentales de las personas en sus informaciones.

- Una programación plural, no marginal, ni elitista, con respeto equilibrado a los derechos de las minorias y de las mayorias.No aceptando planteamientos de separación entre programas de servicio público y programas comerciales; todos son imprescindibles y cada uno cumple un cometido diferente y a la par complementario.

- El desarrollo y mantenimiento del Centro de Formación de RTVE (IORTV) y de la Orquesta y Coros.

- La puesta a disposición real de los ciudadanos de los Archivos de RTVE, con agilidad y sin cortapisas.

- Una estructura territorial tal y como está consolidada, al servicio de la pluralidad democrática y no del pequeño reino de taifas.

- El mantenimiento estricto de la plantilla actual, ya dimensionada a la baja, con las reconversiones y reajustes de categorías que entendamos necesarios, sin que esto repercuta contra los trabajadores.

- El control absoluto de la producción externa y de las formulas aplicadas para su contratación.

- Las inversiones en Nuevas Tecnologías y su adecuación a los recursos humanos.

- La creación de la Alta Autoridad del Audiovisual, independiente de los Gobiernos.

- La creación del Defensor del Telespectador y del Radioyente, también independiente del Gobierno y de la Dirección de las RTVs.

- La implantación urgente de Estatutos de Redacción, Códigos Deontológicos y Comités de Redacción, lo que impedirá que los directores carguen sobre los profesionales decisiones que sólo son fruto de instrucciones y ordenes de la propia dirección.

- Que la "deuda acumulada" no es de RTVE sino del Reino de España y es el Gobierno, que se encarga de administrar los bienes del Estado, quien debe asumir, buscar y plantear las formulas para resolverla, liquidarla y no mantenerla ni un día más como una losa sobre la gestión y la imagen pública de RTVE.

- Se deben exigir responsabilidades, no sólo políticas, si se probaran casos de malversación de fondos o utilización indebida de estos. Pero no cargar a los trabajadores y a la Sociedad responsabilidades que no les corresponden, ni utilizar esta excusa para hurtar a la ciudadanía española un servicio público imprescindible para su desarrollo y maduración y la salud democrática del Estado.

- Cualquier Plan de Futuro debe ser consensuado en el Parlamento y pactado con los Sindicatos.

EFE. SOCIEDAD ANÓNIMA DE TITULARIDAD ESTATAL

La Agencia EFE atraviesa momentos difíciles debido a su carácter de empresa participada plenamente por el Estado y, a la vez, con el propio Estado como principal cliente, en un período en que predominan las políticas de austeridad, desregulación y privatización, restringiendo al máximo el concepto mismo de servicio público guiado por criterios de utilidad social en que se fundamentaban hasta ahora las actividades informativas, tanto en España como en Latinoamérica y otras áreas de influencia o interés estratégico.
La Agencia EFE es ahora, por sus servicios informativos y actividades, la infraestructura más importante de habla hispana en cuanto a la circulación de noticias y despliegue de medios para informar. Esta infraestructura de medios y personal instalados en gran parte del Planeta se configura como servicio de inevitable carácter público. La iniciativa privada, en efecto, no está en condiciones de proporcionar ese servicio público de utilidad social ni por razones económicas ni políticas, al no poder aportar la suficiente garantía de objetividad y pluralismo que su acción y sus estatutos le exigen.
Es incuestionable que la actividad de la Agencia EFE, social y económicamente, aporta un importante valor añadido a empresas dedicadas a la información y a la sociedad de habla hispana en su conjunto.

Por ello, no se pueden cambiar los criterios de asignación de recursos e inversión desde el Estado en torno a normas de mercado y rentabilidad económica cuando el criterio de satisfacción de necesidades sociales, en este caso el despliegue de recursos técnicos y humanos para dar información a la sociedad, no puede guiarse únicamente por las demandas solventes, ya que sólo atenderían las preferencias de los grupos de comunicación con el suficiente poder adquisitivo.
Dibujado este escenario, hay que hacer las siguientes consideraciones:
La gestión de los sucesivos equipos de dirección ha consentido una situación económica (cuenta de resultados) y financiera (balance) totalmente irregular. Las pérdidas, que forman parte de la tradición de la empresa, han colocado a Efe en varios ejercicios en situación técnica de quiebra y, además, se ha recurrido al endeudamiento en lugar de acompasar las aportaciones del Estado a los costes reales de la Agencia.
El Estado, al ser la Agencia EFE una empresa participada al cien por cien, no puede hacerla quebrar o desmembrarla, ya que tiene una responsabilidad total sobre este servicio público y cómo se gestiona, y es consciente de que esta actividad no puede, en términos globales, ni sostener ni atender en su conjunto a criterios de mercado y rentabilidad
La saturación de los mercados tradicionales de revistas y diarios, las dificultades presupuestarias de los pequeños abonados, suponen una amenaza grave para EFE desde hace muchos años que se ha intentado solucionar mediante el desarrollo de servicios innovadores que no han logrado conseguir áreas de negocio interesante, y se han buscado actividades de mercado que han fracasado en algunos espacios, llevando a la empresa a una situación en que los costes laborales han llegado a representar el 73 por ciento de los costes de explotación, situación evidentemente difícil y que permite a gestores no comprometidos con los objetivos sociales de la Agencia la propuesta simplificadora de reducir personal, como se recogió en el Contrato Programa entre la Administración General del Estado y la Agencia EFE firmado en julio de 1998.
Ese Contrato Programa, del que deriva el Plan de Empresa que se ha seguido en la Agencia hasta la fecha, saneaba la situación de partida mediante una ampliación de capital, y se incrementaban sobre el papel los ingresos tanto por una mayor contraprestación del Estado por el servicio público como por la generación de nuevas actividades en condiciones de mercado, pero, sobre todo, apuntaba una reducción en costes, fundamentalmente de personal, que finalmente se ha traducido en la pérdida paulatina en la calidad de los servicios informativos de Efe.
La realidad es que la Dirección de EFE, durante el periodo en que la Empresa perteneció a Patrimonio, no elaboró un plan de empresa con fundamentos sólidos y se dejó para el futuro una solución estable.
En estos últimos años, es clara la responsabilidad de la Dirección en cuanto a la gestión empresarial, al no haber sabido aprovechar las oportunidades del mercado o haber dejado prevalecer criterios de oportunidad política sobre los de rentabilidad empresarial en el surgimiento y lanzamiento de nuevas actividades informativas vinculadas a la televisión digital; o también en el retraso en las nuevas redes de información como Internet.

La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), a la que está adscrita ahora la Agencia Efe, ha finalizado un trabajo de análisis interno de la estructura de la Empresa y ha concluido que puede conseguir la estabilidad de su financiación para el futuro, pero al cierre de estas líneas aún no ha presentado oficialmente sus conclusiones.
La libertad de expresión y el derecho a la información recogida en la Constitución corren un riesgo permanente derivado de la presión de las circunstancias del mercado sobre la estabilidad empresarial de los medios de comunicación. La Agencia EFE, por su titularidad pública, puede compensar estas limitaciones si, compitiendo en el mercado, desarrolla políticas de comunicación cumpliendo las aspiraciones democráticas de pluralidad y participación ciudadanas.
El derecho a la información plural e independiente corre el riesgo en todas las redacciones de la mediatización de los profesionales, riesgo que se aminora mediante la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia, que deberían quedar arropados en Efe por un Estatuto de la Redacción y una sindicación mayoritaria de los trabajadores en las organizaciones de periodistas que garantice la aplicación de los principios deontológicos en la profesión del comunicador.
El trabajo redaccional que hacen los periodistas en EFE ha quedado minusvalorado en los últimos años y los métodos de trabajo impuestos por la Dirección de Información desconocen las Normas Básicas de la Redacción para los Servicios Informativos que han estado vigentes durante muchos años como garantía del buen hacer de los periodistas de la Agencia. Esta situación ha generado en las redacciones una falta de pulso profesional y una burocratización que inevitablemente se refleja en el servicio que prestamos a los abonados.
Constatando esta realidad, el Foro de Periodistas ya aprobó en Cádiz el 26 de abril de 1998 una resolución en la que ponía de manifiesto la preocupación de toda la profesión periodística de España por la situación en EFE y se instaba al presidente de la Agencia a respetar la independencia informativa de las redacciones respecto a grupos de presión políticos, así como a hacer respetar la puntualidad, exactitud e imparcialidad de las informaciones que se ofrecen a los abonados, recomendación que no ha sido escuchada en estos años y que, por lo tanto, reiteramos una vez más.
La llegada de las cadenas de televisión autonómicas a partir de 1986 debió ser aprovechada por la Agencia para establecer un servicio de noticias TV que llenara el vacío en el mercado que en aquel momento existía, espacio que fue rápidamente ocupado por empresas que hoy consideramos competencia directa, al haberse limitado EFE, principalmente, a la prestación de servicios de televisión.
La falta de visión respecto al negocio audiovisual y la falta de voluntad para integrar este departamento en el resto de la empresa hicieron que se desaprovecharan varias ocasiones para modernizar la Agencia Efe y el departamento de TV está ahora en una situación delicada, con una dirección incapaz de traer el volumen de negocio necesario para hacerlo rentable y con una asignación de recursos insuficiente en el Contrato de Servicios con el Estado.

En la actualidad, el intento de configurar una agencia de noticias de TV está lastrado en su vertiente nacional por el intento de competir con otras empresas privadas, dado que ni el marco laboral ni la orientación pública e institucional que define el Contrato de Servicios con el Estado permitirán nunca competir con empresas que basan sus resultados económicos en el infraempleo.
Por otra parte, difícilmente se podrán defender los costes de un servicio público con cargo a los presupuestos públicos cuando no se atiende informativamente a las instituciones del Estado, excepto al Gobierno, y la orientación es competir por una parcela del negocio privado.
Ahora, ni se gana dinero ni este servicio tiene defensa como servicio público. Pensamos que ha llegado el momento de que la Agencia Efe asuma el papel que le corresponde en lo referente a la cobertura de información institucional. Tenemos que estar presentes en todos los actos institucionales, elaborar las informaciones y distribuirlas entre los canales de televisión con el fin de que todos puedan acceder a este tipo de información en igualdad de oportunidades.
Entendemos que para la consecución de este proyecto, la Agencia necesita apoyo de las instituciones del Estado, y éstas deben valorar el costo que supone la elaboración y difusión de este tipo de información.
El análisis y las reflexiones anteriores nos llevan a plantear una serie de propuestas, con carácter abierto, para abrir un debate generalizado sobre el futuro de la empresa:

- Conseguir la participación activa de los trabajadores en la marcha de la Agencia a través de una representación en el Consejo de Administración y en las comisiones de seguimiento del Plan de Empresa.
- Promover la clarificación y estabilidad en las fuentes de financiación de la Agencia para evitar las situaciones de descapitalización.
- Promover un sistema de nombramiento del Presidente de la Agencia EFE que garantice su independencia del Gobierno en el marco de un Estatuto de Empresa Pública.
- Establecer un marco de participación en la línea informativa de la Agencia y de garantías del trabajo profesional según los principios deontológicos establecidos por las organizaciones de periodistas.
- Promover un convenio sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
- Promover un convenio sobre la implantación de nuevas tecnologías en la Agencia.
- Conseguir la integración de todas las redacciones y servicios de Efe en un proyecto multimedia capaz de absorber y dar respuesta a las innovaciones tecnológicas previsibles en el medio plazo en el mundo de la comunicación.

Presentado por Alfonso Diez (AGP-UGT).