MEDIOS PÚBLICOS:
SU DEFENSA EXIGE SU REFORMA

Los servicios públicos de comunicación son básicos para la democracia y deben ser la garantía del pluralismo informativo.
Urge combatir la dependencia gubernamental y la imagen de despilfarro económico que puede llevar a cuestionar su necesidad.
Existe la necesidad de reformas legislativas que garanticen autoridades audiovisuales independientes, consejos de administración emanados de los parlamentos y consejos asesores con participación social y profesional.
La movilización de los periodistas ha auspiciado importantes avances en Cataluña.

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1) Legitimidad :

Los servicios públicos de comunicación son básicos para la democracia, para atender a las necesidades de formación cultural de la sociedad y para preservar el pluralismo informativo. En el campo audiovisual su legitimidad la refuerzan la resolución del Parlamento Europeo de 1996 y el protocolo del Tratado de Amsterdam de 1997, y debe concretarse tras la definición de "servicio público" que exige la Unión Europea.

2) Democratización :

Urge para defender esa legitimidad y para combatir la imagen pública de dependencia gubernamental y de despilfarro económico, que puede llevar a cuestionar su necesidad. Las reformas legislativas exigen :

- Autoridades audiovisuales independientes (de ámbito estatal y autonómico), con miembros capacitados profesionalmente, solventes y no dependientes de los partidos, nombrados por los Parlamentos por consenso o por mayoría cualificada, por períodos de más de cuatro años.

- Consejos de administración emanados de los parlamentos, de perfil también profesional, con capacidad de gestión empresarial y sin lógica de cuotas políticas. Que no ejerza, por tanto, de comisión de control parlamentario "bis".

- Directores generales de los Entes o Corporaciones nombrados por las autoridades audiovisuales, por los propios consejos de administración o por los Parlamentos, pero en ningún caso por los gobiernos, y también por períodos distintos de los legislativos.

- Consejos asesores con participación social y profesional, no simbólicos sino efectivos. Lejos de algunas acusaciones partidistas de ser reflejo de corporativismo o incluso de residuo de democracia orgánica, no sustituyen la legitimidad parlamentaria, sino que la enriquecen

- Estatutos de redacción y comités profesionales, que garanticen la defensa y la dignidad profesional de los informadores y permitan su opinión en los nombramientos y en la línea informativa.

3) Viabilidad :

- Financiación por contrato-programa a varios años vista = programación de servicio público + recursos públicos necesarios para este objetivo.

- En el audiovisual : financiación mixta : presupuestos públicos + publicidad : no a la RTV pública "bonsai" (como en EE.UU.).

Una primera experiencia

Es importante la experiencia vivida en Cataluña, donde el Parlament aprobó diversas iniciativas en el pleno extraordinario sobre el Audiovisual, de diciembre de 1.999., favorecido por el ajustado resultado de les elecciones autonómicas de octubre de ese año, pero heredero de la movilización profesional previa que exigía un cambio de modelo que sustrajera los medios públicos a los gobiernos y también a la tutela asfixiante de los partidos. Las resoluciones se concretaron en :

- La reforma del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), con 9 miembros nombrados por el Parlamento (por mayoría de 2/3 y con el acuerdo mínimo de tres grupos), el President nombrado por el Gobierno con el acuerdo mayoritario del Consell, no presidencialista (decide sólo el pleno), con competencia sobre todo el audiovisual -público y privado-, capacidad sancionadora, recursos financieros y organización independiente del gobierno. Los nombramientos son por 6 años, e irrevocables. El Gobierno catalán tiene la última palabra en la concesión de licencias de radio y de televisión, pero con informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consell, que también elabora las condiciones para conseguir licencias.

- Todavía en estudio, la reforma de la Ley de creación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), que agrupa a TV-3 y a Catalunya Radio : pendiente y en manos de una comisión parlamentaria. Decidirá sobre la forma definitiva de elección del director general de la CCRTV (en el debate monográfico en el Parlament se acordó una fórmula transitoria : propuesto por el Gobierno pero con el consenso del Consejo de Administración)

- Futura aprobación de una Ley General del Audiovisual, todavía por definir.

- Petición de reforma del Estatuto de RTVE de 1980, por el que se rigen las leyes de creación de los Terceros Canales (RTV autonómicas), por consenso de todos los partidos.

Esta experiencia ha permitido avances con consensos políticos largamente elaborados, pero que dejan en el camino algunas de las exigencias de los profesionales, sobre todo una independencia radical de los órganos de gestión, control y tutela respecto de los gobiernos, más autonomía respecto de los parlamentos y una efectiva participación social y profesional. Pero han permitido la unanimidad parlamentaria y, en definitiva, la aprobación de reformas como la del CAC, que no deja de ser un paso adelante, aunque lejos de la autonomía de la mayoría de modelos europeos ( Francia, Portugal, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Hungría, ..) que garantizan mejor el pluralismo y la democracia en la información y en todos los contenidos.

Valladolid, mayo del 2.000

Foro de Organizaciones de Periodistas
II Convención de Periodistas de España
Valladolid, 26, 27 y 28 de mayo de 2000