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Tarragona, 17, 18 y 19 de mayo de 2002 |
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Los grupos de izquierda del Congreso se comprometen a luchar por la regulación profesional y laboral del periodistaLos grupos parlamentarios de izquierdas se comprometieron el sábado, durante la primera jornada de trabajo de la III Convención de Periodistas que se celebra en Tarragona, a iniciar el trámite ante Congreso y Senado del Estatuto del Periodista Profesional y de la Ley de Derechos Laborales del Periodista, sin condicionarlo a la existencia previa de consenso con el PP y respetando los tiempos que sus promotores quieran darle a esta iniciativa , según el diputado de Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos. Tanto él como Joan Saura (diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds), Josep Bargalló (diputado en el Parlament por ERC), y Monserrat Duch (senadora autonómica por el PSC) apostaron en Tarragona por el texto de la resolución general aprobada en la II Convención de Periodistas celebrada el año 2000 en Valladolid, que defendía un estatuto garante de la independencia profesional y propuestas legislativas de regulación laboral. A pesar de que las resoluciones de Valladolid fueron trasladadas a todos los grupos del arco parlamentario para su discusión, no han tenido concreción alguna en forma de iniciativa política. Los miembros de los partidos de izquierda presentes en esta III Convención, que se clausura el domingo, lo atribuyeron a la falta de voluntad de consenso del PP, que se quedó sin representante en la mesa redonda donde se discutía la cuestión por problemas de enlace aéreo. Una ausencia que no pasó desapercibida para Duch, para quien no debe interpretarse como neutra teniendo presente el control de los medios de información pública que ejerce el PP, así como su larga mano en algunos medios privados a los que utiliza para crear estados de opinión a favor de algunas de sus iniciativas legales . La senadora socialista señaló además que el PP dejó claro su rechazo a algunas de las cuestiones contenidas en el Estatuto en debates informativos anteriores, como la creación de comités de redacción. El único partido que defendió abiertamente la necesidad de existencia de un consenso político como condición a la presentación de proposiciones de ley en la línea de lo aprobado en Valladolid fue CiU, en boca de su diputado Pere Grau. Asimismo, diputado convergente señaló que una ley de derechos laborales no es una buena resolución del Estatuto del Periodista Profesional porque una regulación excesiva puede tener un efecto contrario al que se persigue. Entiendo que la flexibilidad laboral forma parte de la especificidad de la profesión . En este sentido, Grau dio su apoyo al fomento del trabajo por cuenta propia y abogó por evitar los abusos laborales a partir de la creación de un contrato, definido por la asociación profesional de periodistas, que sirva para dar cobertura al trabajador y asegurarle un acceso al régimen general de la Seguridad Social. Por su parte, Ríos recordó el compromiso de su grupo parlamentario con los informadores rememorando la presentación de una proposición de ley para la creación de un consejo audiovisual estatal que fue debatida en el Congreso el pasado 16 de abril y rechazada por amplia mayoría. Pero a pesar de la disposición de Ríos a apoyar la conversión del Estatuto en proposición de ley propia o como complemento de iniciativas similares de otros grupos, el diputado de Izquierda Unida consideró necesaria una mayor necesidad de articulación de la propuesta de regulación laboral del periodista profesional. Saura también consideró muy difícil la posibilidad de alcanzar un consenso previo con todos los grupos y se mostró partidario de iniciar la batalla parlamentaria con aquellos partidos que quieran asumir los compromisos del colectivo sin más demora. No obstante, aprovechó la ocasión para exponer la necesidad de completar las propuestas procedentes del sector de los profesionales del periodismo con el ruego de trabajar más el código deontológico por lo que hace referencia a la información de carácter económico . Saura lo justificó ante la disminución de la calidad de la democracia a causa de la gran cantidad de decisiones que se toman ya fuera del Parlamento y en el seno de los grandes grupos económicos. Finalmente, Bargalló lamentó que la mayoría absolutista del PP en el Congreso español no fueran las circunstancias más optimistas para asegurar ni siquiera un consenso sobre la presentación de una propuesta de ley que permita el desarrollo del Estatuto Profesional, pero recordó que la relación de fuerzas en el Parlament de Catalunya sí que aseguraría su aprobación y, además por una amplísima mayoría .
Tarragona, 18 de mayo de 2002
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