La nueva etapa requiere una estrategia clara para el futuro de los medios de la CCMA, basada en criterios de:
- profesionalidad y calidad
- independencia de los poderes públicos, de los partidos políticos y de los intereses empresariales
- función de medio público
- garantía de pluralismo

También exigimos que, en esta nueva etapa, las informaciones sobre los nombramientos en el seno de la CCMA no estén rodeadas del alto grado de politización al que hemos asistido.

Es más, sería deseable que las informaciones referidas a la CCMA dejaran de depender de las secciones de política, como ha sido el caso en todos los nombramientos, y, sobre todo, que los profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio dejáramos de enterarnos por los diarios.

Con un agravante, las cámaras de TV3 no han podido obtener imágenes de la reunión del Consejo de Gobierno en la que se han formalizado los nombramientos.

8 de mayo de 2008

Reiteramos la propuesta de un pacto para la producción interna que ponga en pleno rendimiento las funciones sociales y las capacidades productivas de los medios públicos audiovisuales de la Generalitat de Catalunya, garantizando la plena ocupación de recursos técnicos y de los trabajadores.

Esta es la prioridad del momento y hace falta potenciar con urgencia los medios de comunicación de la CCMA como productores de contenidos en todas sus plataformas de difusión, asumiendo los retos tecnológicos desde una perspectiva de servicio público. Reclamamos a las nuevas directoras, un compromiso claro con la plantilla y con la producción interna por recuperar la ilusión de los trabajadores.

Sant Joan Despí, 8 de mayo de 2008

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su preocupación por la persecución que sufre el periodista peruano Paul Garay por parte de las autoridades de ese país. Este informador ha sido víctima de un intento de secuestro y de seguimiento continuo durante el mes de abril, en la ciudad de Pucalpa, tras acusar a varios altos cargos públicos de cometer distintas ilegalidades. Debido a este acoso, Garay se ve obligado a mantenerse oculto.

Garay, director de un semanario local, afirmó que le quieren asesinar y hace responsable de ello al alcalde provincial Luis Valdez, a quien ha denunciado por el asesinato del periodista Alberto Rivera, y al ex presidente regional de Ucayali, Edwin Vásquez López, a quien acusó de distintas irregularidades urbanísticas cuando ejercía su cargo. El periodista peruano dijo, desde la clandestinidad, que personal de seguridad de Vásquez López intentaron secuestrarlo en la radioemisora donde transmitía su programa Hora 12. Ese programa ha sido cancelado.

El alcalde Valdez fue declarado inocente del asesinato del periodista Alberto Rivera, quien murió de dos disparos el 21 de abril de 2004. El juicio, según organizaciones profesionales y de defensa de los derechos humanos, estuvo plagado de irregularidades. La Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha denunciado que, en lo que va de 2008, un total de 53 periodistas han sufrido agresiones físicas, verbales, amenazas, hostigamientos, presiones judiciales y escuchas ilegales. En los últimos diez años han sido asesinados casi 50 periodistas.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP exige de las autoridades peruanas que den protección y que cesen las amenazas y agresiones, tanto a Paul Garay como a los periodistas peruanos y a quienes defienden los derechos humanos y denuncian la violación de la ley.

8 de mayo de 2008

Al margen de la absoluta improcedencia de la petición, que ignora todos los mecanismos previstos de vigilancia y supervisión de la tarea informativa de las empresas de la CCMA, la argumentación denota un gran desconocimiento de las técnicas habituales de realización de un programa de entrevista, dónde aparecen en pantalla de fondo los referentes de la pregunta que en aquel momento se hace al entrevistado. Por esto se veía la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se interpelaba a José Montilla sobre temas relacionados con el gobierno central.

Hace unos meses, Manel Mas ya nos sorprendió, en plena aprobación de la Ley de la CCMA, reclamando la privatización de TV3, con el argumento, ahora reiterado, de que como que estaba sesgada hacia al partido mayoritario de la oposición, lo mejor era que lo fuera del todo, sin gasto para el contribuyente.

Esperamos que la opinión personal del antiguo alcalde de Mataró no sea representativa, ni en un caso ni en el otro, del partido al cual pertenece.

Sant Joan Despí, 2 de maig de 2008

Este año la situación no es diferente. Asistimos constantemente a las agresiones que desde los poderes políticos y económicos se hacen al derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y de calidad. Y es para defender este derecho que hace años que reivindicamos medidas legislativas como las que hay en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. Por esto reclamamos a los Parlamentos catalán y español que impulsen las reformas legislativas necesarias para garantizar el derecho constitucional a la información. Propuestas como el Estatuto del Periodista Profesional (que se ha vuelto a presentar al Congreso de los Diputados), la Ley de los derechos laborales de los periodistas (que proteja al colectivo de los colaboradores o periodistas a la pieza) y la Ley Audiovisual pendiente, junto con la de un Consejo estatal del audiovisual son medidas que deberán servir para dignificar las condiciones laborales de los periodistas reforzando su independencia frente las presiones empresariales, políticas y económicas de qué a menudo son objeto.

Por esto invitamos a los profesionales de la información a participar en los diversos actos que se harán en Catalunya para conmemorar el 1 y el 3 de mayo. De manera especial, también invitamos a los informadores a participar en la Asamblea de Periodistas de Catalunya del próximo 7 de junio, donde se quiere discutir sobre la situación al sector y, sobre todo, aportar soluciones que permitan mejorar las condiciones en las que los periodistas realizamos nuestro trabajo. El SPC cumple este ahora 15 años y quiere continuar siendo un referente en la lucha por la dignificación de la profesión y por esto nos movilizamos al mismo tiempo por los derechos laborales y profesionales de los informadores.

Finalmente, el Sindicato quiere expresar en este 1 y 3 de mayo su solidaridad con todos los compañeros que en cualquier parte del mundo son víctimas de la violencia perpetrada a instancias de gobiernos dictatoriales o de organizaciones criminales, o por su presencia en conflictos bélicos. Y recordamos que los periodistas, cuando arriesgan la vida, es por defender el derecho a la información de la ciudadanía.

Barcelona, 30 de abril de 2008

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) rechaza la decisión de la juez de Barcelona Elena Carasol, quien ha requerido a cuatro medios de comunicación a que no publiquen información sobre un crimen porque esa investigación está declarada secreta.

En sus requerimientos -que ha dirigido a El Periódico de Catalunya, El País, Cadena Ser y Catalunya Ràdio-, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona indica que si los periodistas difunden algún dato sobre ese asunto incurrirán «en un delito de revelación de secretos y desobediencia a la autoridad judicial».

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP muestra su sorpresa ante esa decisión judicial, porque el delito de revelación de secretos sólo puede cometerlo el funcionario que tenga la obligación de custodiar un sumario y no el periodista, que se limita a cumplir con su obligación de buscar información por medios lícitos -como en este caso- para transmitirla a la ciudadanía.

Este requerimiento judicial es un ataque directo al derecho constitucional de los periodistas a comunicar información veraz y, en consecuencia, también al derecho de la ciudadanía a recibir esa información. La libertad de información tiene unos límites establecidos constitucionalmente, que los periodistas están obligados a respetarlos, y la declaración de secreto de una investigación judicial no es uno de esos límites.

Desde el máximo respeto a la independencia judicial, la FeSP pide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que hagan lo que esté en sus manos para poner sentido común ante tan lamentable resolución judicial.

29 d'abril de 2008

Con el lema Periodismo enfermo, un riesgo para la democracia, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) convoca una asamblea abierta a todos los profesionales de la información por tal de debatir sobre los retos del sector y, sobre todo, aportar soluciones. El encuentro se hará en Barcelona el día 7 de junio, a la sala de actos del centro cívico del Parque - *Sandaru, junto al parque de la Estación del Norte, al distrito de Santo Martí.

La Asamblea tendrá cuatro mesas. La primera, con el tema: Amenazas al derecho a la información, Desregulación y precarización en las empresas de comunicación. La segunda, La pérdida de protagonismo de los periodistas en las empresas de comunicación. La tercera, Periodistas en comarcas y medios locales, la precariedad laboral y profesional como bandera. Y la cuarta, Propuestas para la dignificación de la tarea del periodista en una sociedad verdaderamente democrática. La asamblea coincide con la celebración del 15º aniversario del Sindicato, constituido el 19 de junio de 1993.

El SPC cree que el periodismo está gravemente amenazado por factores de todo tipo y que hace falta que los profesionales de la información intervengan. Muchos periodistas son objeto de presiones políticas, económicas y empresariales. Unas presiones favorecidas por las precarias condiciones laborales que en muchos casos sufren los profesionales, hecho que acaba provocando un grave deterioro del derecho a la información de la ciudadanía.

Para poner todo esto sobre la mesa y generar un debate abierto, el sindicato ha creído conveniente convocar esta asamblea, en un momento en qué creemos necesario un revulsivo dentro de la profesión. Para canalizar la información y las propuestas que se quieran hacer de cara a la asamblea, hemos impulsado un blog
Assemblea.
El SPC pide a la profesión que asuma esta convocatoria como una oportunidad para dignificar nuestras condiciones de trabajo, tanto las laborales como las profesionales. Y pide también a la ciudadanía que aliente esta tarea, que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de la información.

Barcelona, 29 de abril de 2007

Deseamos, pero, que el acuerdo haya sido fruto de la responsabilidad del Consejo de Gobierno, y no de negociaciones políticas por las alturas, que demostrarían que el Consejo es sólo un instrumento al servicio de los partidos, y no de la independencia y la profesionalidad que es el objetivo de la nueva Ley de la CCMA.

Más concretamente, esperamos que el pacto sobre el nombre que durante semanas había bloqueado el nombramiento no tenga como contrapartida otras compromisos en las direcciones de TV3 y de Catalunya Ràdio, de manera que se procediera a un reparto de los medios de la Corporación tal y como se ha hecho durante años en Italia, con la denominada lottizzazione.

Los medios de la Generalitat deben ser sobre todo públicos, y si los grupos políticos representan la soberanía popular, también deben garantizar el derecho constitucional a la información veraz y rigurosa y los derechos y garantías de los profesionales y del público de acuerdo con el modelo de las democracias adelantadas.

Esperamos que el capítulo de descarnada visualización de la confrontación partidista por el control de estos medios abra paso a un nuevo periodo en que la Ley y los nombramiento garanticen un blindaje suficiente para su independencia, neutralidad y profesionalidad, y la de sus trabajadores, que es el que la sociedad catalana merece.

Barcelona, 25 de abril de 2008

Ante el uso partidista que se está haciendo de esta situación desde los medios de comunicación y la sensación de desgobierno que crea entre los trabajadores de los medios de la CCMA, el presidente del Consejo de Gobierno ha considerado necesario pedir el amparo del Parlament para que los grupos parlamentarios dejen trabajar a los miembros del Consejo con la independencia de criterio que les exige la ley o, en su defecto, que la modifiquen para que establezca un sistema de decisiones que no permita la parálisis de las empresas que dependen.

En la carta, el presidente del Consejo de Gobierno ha expresado al Parlament su agradecimiento a los trabajadores de la CCMA por la profesionalidad que demuestran diariamente así como a los cuadros directivos que hacen funcionar cada día las empresas con absoluta normalidad, circunstancia que se ha comprometido a garantizar mientras el Parlament tome las decisiones que permitan desbloquear la actual situación.

Barcelona, 24 de abril de 2008

Hace casi dos meses que Joan Majó cesó como director general de la CCRTV. Albert Sáez, Presidente del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y director general en funciones, afirma que el bloqueo para elegir director general no obedece a razones políticas. Pero cada vez cuesta más de creer, por la propia composición del Consejo, hecha sobre todo por razones de confianza política, y por la indisimulada intervención pública de dirigentes de partido. Un Consejo formado por gestores y expertos con independencia política de criterio, y consciente de la urgencia de dotar de directrices claras a las empresas de la Corporación, no reproduciría la dinámica de confrontación parlamentaria basada en el interés táctico más espurio.

Por esto, y aprovechando que los hechos han dado la razón a los que criticamos los últimos cambios en la ley, la concepción de reparto por cuotas, y la elección de consejeros, basada sobre todo en la fidelidad política, ya sería hora de rebobinar y hacer bien lo que, a la búsqueda de un consenso político, favoreció la vulneración posterior del modelo previsto en la nueva Ley. Un cambio rápido de la Ley es posible, devolviendo a la concepción de unos medios de la Generalitat independientes del gobierno pero también del partidismo. Pero esto no puede hacerse en clave nuevamente contraria a la Ley, con un tacticismo de miras cortas y en una dialéctica gobierno-oposición.

Reclamamos que si se mantiene la impotencia del Consejo de Gobierno de la CCMA, el Parlament reforme la Ley y regrese al texto anterior a las enmiendas finales. Es decir, que se devuelva al Consejo del Audiovisual de Catalunya la potestad de proponer al Parlament los candidatos al Consejo de Gobierno, propuestos no sólo por los grupos parlamentarios sino también por la sociedad civil; y que se limite a nueve o a siete miembros los integrantes del Consejo de Gobierno, obstaculizando así la concepción del Consejo como reproducción de la composición parlamentaria. Así se ahorraría la discusión puramente tacticicista sobre las mayorías de 2/3 o de 3/5 partes, y también burocracia y dinero.

Los profesionales de la Corporación y el conjunto de la sociedad saldríamos ganando.

Sant Joan Despí, 23 d’abril de 2008

El Estatuto viene a reforzar los mecanismos para avanzar en la independencia y la profesionalidad en las empresas de la Corporación RTVE, y debe servir para vigilar desde la base el derecho a la información de la ciudadanía, un principio constitucional que es garantía de una opinión pública bien formada.

Desde Catalunya, además, se ha conseguido tener tres representantes en los Consejos de Informativos de ámbito estatal: dos en el de televisión, y uno en el de radio. Se garantiza así que los problemas o conflictos profesionales que puedan surgir en los centros de Catalunya pueden ser aportados directamente por representantes elegidos desde aquí.

Por todo esto reiteramos el llamamiento a participar masivamente en el referéndum para aprobar el Estatuto y a hacerlo de manera afirmativa para poder disponer de una herramienta legal que ampare derechos como la cláusula de conciencia.

Las limitaciones que pueda tener el actual proyecto pueden ser superadas más adelante con reformas que mejoren los contenidos: pero hace falta empezar a andar para no derrochar los 20 años de lucha para conseguirlos.

Barcelona, 18 de abril de 2008

Cada vez es más claro que deberemos lamentar durante años que las presiones de los sectores políticos poco convencidos del nuevo modelo, y atrincherados en la lógica de los medios de comunicación públicos como campo de batalla partidista, hayan adulterado la nueva Ley hasta el punto de provocar la inoperatividad para elegir a un director general, porque se quiere hacer con criterios de pacto político, que incluyen presiones, maniobras y chantajes.

En todo caso, tanto el retraso en el desarrollo de la Ley, que paraliza los planes de futuro en las empresas de la Corporación, como una solución basada sólo en negociaciones políticas, confirman que se desaprovecha la gran oportunidad que ha significado la nueva Ley, y que efectivamente no ha habido correspondencia entre las elogiables intenciones proclamadas en sede parlamentaria y la cruda realidad de los intereses partidistas más estrictos.

Es esta falta de correspondencia la que merecería que se visualizara en el Parlament, caso que continue el bloqueo en el Consejo de Gobierno para elegir al director general de la CCMA. Los trabajadores de las empresas filiales y la ciudadanía no merecen el espectáculo de las últimas semanas y si el órgano emanado del Parlamento no puede cumplir sus funciones, es a esta institución a quien corresponde acabar con el impase, reformando la Ley para desbloquear su aplicación.

Barcelona, 11 de abril de 2008

Dardo Gómez (Buenos Aires, 1937) es presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya desde el 2001. Lleva 32 años en Barcelona, y ha trabajado sobre todo en el sector de las revistas, tanto de información general como especializada. El SPC nació en 1993 y celebra este año el decimoquinto aniversario. Durante este tiempo ha defendido la necesidad de dignificar la situación laboral y profesional de los periodistas, esencial para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

El PSOE, en la legislatura anterior, no cumplió sus compromisos en materia de comunicación. Pasado el 9 de marzo, ¿en qué ha cambiado el panorama?
Ciertamente, el PSOE no ha impulsado todas las reformas que había prometido –la Ley del Audiovisual, El Estatuto del periodista, la Ley de derechos laborales del periodista...– aun cuando tampoco ha dicho que dejará de cumplir estas promesas. En el campo audiovisual, ha hecho una reforma de TVE, no como se esperaba, y una ley que hace referencia al Consejo del Audiovisual y que se ha comprometido, ahora sí, a poner en marcha en esta legislatura. También hay el compromiso de tirar adelante un Estatuto del Periodista Profesional, que no fue capaz de activar en la última legislatura.

El derecho a la información es otra de vuestras batallas incomprendidas...
En este país todavía no se tiene claro que hay algo denominado derecho a la información que hace falta exigir y reclamar. En el interior de los partidos políticos, por ejemplo, no se ha debatido nunca su existencia, ni una reflexión sobre el derecho a la información. Hemos sido los sindicatos de periodistas los que hemos reivindicado este derecho ciudadano, porque es esto, un derecho ciudadano, no una prerrogativa de los periodistas. Los únicos partidos políticos que han recogido esta solicitud han sido IU e Iniciativa.

¿En qué situación nos encontramos los periodistas catalanes en relación con nuestros vecinos europeos?
Profesionalmente, en otros países europeos, entre los cuales podemos incluir nuestros vecinos portugueses e italianos, hay unos niveles de dignidad y de conciencia que nosotros no podemos ni soñar. Para que té hagas una idea: en Portugal se está discutiendo actualmente una reforma del Estatuto del Periodista en qué se plantea la posibilidad que el redactor tenga el control de sus textos. Algo inconcebible aquí, donde los periodistas se resignan a que sus escritos puedan sufrir las mil y una penurias. Además, en Portugal no se puede ejercer la profesión si no se dispone del carné profesional de periodista. El Estado español es el único lugar de la Comunidad Europea que no tiene Estatuto del Periodista Profesional. Existe en Italia desde el año 1930, en Francia desde el 1946, en Argentina desde el 1944...

En Italia la organización del gremio periodístico ha creado problemas a los gobiernos, ¿no cree?
Hay un referente entre las organizaciones de periodistas y es el caso italiano, dónde tienen un Ordine del Lavoro que lo tiene todo perfectamente estructurado y ha permitido la mejor organización de periodistas de Europa. Entre otras cosas, evitaron que Berlusconi llegara más allá de dónde llegó, con las huelgas que le organizaron.

¿Qué balance hace del Sindicato de Periodistas de Catalunya?
El SPC acaba de cumplir 15 años, pero somos quienes hemos reivindicado una série de cuestiones sobre la prensa que nunca antes se habían planteado. Hemos sido el primer sindicato de periodistas creado en el Estado español y surgió desde de dentro del Col·legi de Periodistes de Catalunya con el apoyo de un gran periodista, entonces decano del CPC, Josep Pernau. Era evidente que no se podía hacer demasiada cosa por la profesión si no se estaba en las redacciones y si no se representaba a estos trabajadores luchando en el día a día.

Colegio de Periodistas y Sindicato de Periodistas. ¿No se dan duplicidad de funciones?
Los periodistas son trabajadores de la información y deben organizarse mediante los sindicatos, dónde, como es obvio, no participa la patronal. Además, en Europa no existe nada de similar al Col·legi de Periodistes o a la Asociación de la Prensa, asociaciones bastantes singulares en qué entra todo: directivos, propietarios de medios y periodistas de pie. Esto sí que tiene un cierto aire corporativo.

Hay la tendencia a percibir el periodismo como un todo homogéneo. Esto ¿no puede generar malentendidos?
Hay una gran confusión que se arrastra desde hace muchos años cuando los periodistas –esto creíamos– nos confundíamos con los directores y con los propietarios de los medios. Pensábamos que éramos la misma familia. Y la gente también se lo creía. Error, porque los periodistas nunca podremos ni decidir ni influir en la línea editorial del diario en qué trabajamos. Todavía hoy se mantiene esta confusión sobre nuestras posibilidades y nuestra función. Es más: cuando se lee una información determinada en un medio determinado, ya se sabe que aquello responde a un accionista determinado.

Podríamos hablar de la proletarización del oficio?
El periodista es un asalariado, ciertamente. Pero no es un asalariado cualquiera, porque trabajamos con material sensible: la información, que no pertenece a nadie y a todo el mundo a la vez. Desgraciadamente, cada vez se pierde más de vista la función social del periodista, y las nuevas incorporaciones, los jóvenes, se dejan llevar demasiado a menudo en esto que llamamoss éxito mediático. Pero la cara oscura del oficio es la grave precarización que rodea un sector importante de la profesión.

¿Y cual es este sector?
El Sindicato acaba de cumplir 15 años y en este tiempo uno de nuestros retos ha sido dar a conocer la figura de los colaboradores, o periodistas a la pieza, como los denominan los franceses. Se desconocía la radiografía de la profesión y nosotros hemos denunciado siempre que ha sido posible la situación de este 40% de periodistas que nadie sabe que existe.

¿Considera que la prensa rosa o los programas del corazón hacen periodismo?
Creo que no. La utilización de herramientas que corresponden al ámbito periodístico no significa que lo que se haga sea periodismo. Es otra cosa. Ni mejor ni peor: otra cosa. Al fin y al cabo, la responsabilidad es de las empresas editoras que se han dado cuenta de la cantidad de dinero que genera este tipo de productos.

Los kioscos, pero, muestran una proliferación de productos de toda clase que, en algunas ocasiones, desconcierta.
Otra cosa es el proceso que se está viviendo ya hace tiempo y que tiende a la especialización de la información. Cada vez más, se divide el estamento social en divisiones más reducidas en función de los gustos, de las aficiones, de los intereses… Así, encontramos productos de una temática determinada con 5.000 o 10.000 lectores fieles porque estos sólo encontrarán aquella información en esta revista especializada.

Una lógica agobiante de mercado...
Los grandes medios están cambiando su percepción del negocio. Durante la Transición, por ejemplo, todo el mundo vendía información, porque la gente estaba ávida de información. Cuando se descubre el negocio de la comunicación, todo cambia. Entonces, un empresario dispone de un diario, de un par de revistas, de una emisora de radio, de un canal de televisión, quizás de un portal de Internet, pero también de una discográfica y vete a saber de qué más. La información se convierte, pues, en una clase de propaganda para poder vender mi televisión, mis discos y mi editorial de libros. Las grandes corporaciones de comunicación se convierten en universos cerrados: un lector de El País, pongamos por caso, sólo conoce los columnistas y escritores de este diario, los programas de Canal Plus o de Cuatro y está al correinte de determinados músicos de las discográficas del grupo.

Y llegamos a la peligrosa concentración de medios en pocas manso: Berlusconi, Murdoch, pero también Prisa, Zeta...
La información es una mercancía. Y lo más grave es que se trata como mercancía una cosa que no pertenece a nadie, o en todo caso, a la ciudadanía. Es una estafa, pues. La información como mercancía y como herramienta ideológica, como propaganda… Al fin y al cabo, una arma letal que genera desinformación. Por ejemplo: una encuesta elaborada en los Estados Unidos reveló que el 70% de televidentes de Fox News están convencidos de que se ha demostrado la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

La libertad de expresión, ¿tiene límites?
La libertad de expresión no tiene límites, pero la libertad de divulgación sí. Cuando se vulneran los derechos de una persona, esta persona puede recorrer a los tribunales y el medio en cuestión deberá ser sancionado. Además, en el caso de los diarios, la libertad de expresión afecta sólo a la editorial y a las columnas que se escriban.

Me refería a la COPE...
El caso de La Mañana, de la COPE, ya denunciado por el Consejo del Audiovisual de Catalunya, es muy demostrativo. Los medios de comunicación no pueden emitir mensajes que atenten contra la salud de la ciudadanía ni que inciten al odio como hace la COPE. Y, cuando se da esto, los estados deben tener herramientas legales para pararlo. Y en el Estado español todavía está pendiente un Consejo de la Información regulador…

Las nuevas tecnologías están introduciendo cambios trascendentales en la manera de hacer periodismo, ¿no cree?
De periodismo, sólo hay una manera de hacerlo. Otra cosa es el apoyo. Creo que la prensa tradicional y la prensa on line pueden convivir perfectamente. También, ciertamente, este tipo de prensa dispone de muy pocos recursos para trabajar. El hecho que una redacción esté integrada por tres, cuatro o cinco personas haciendo un diario conlleva también las características de este medio. Y la publicidad en estos medios crece muy lentamente. Quizás es que este medio no se inventó para el periodismo...

Ya nadie teme a la prensa. Nos han domesticado...
En este país hay una lista negra –no escrita– de periodistas incómodas que nunca podrán entrar a trabajar en unos medios determinados. Todo el mundo sabe que existe. Nadie quiere que le cierren las puertas. Y esto incluso queda recogido en el último Libro blanco del Col·legi de Periodistes de Catalunya: más del 70% pedían privacidad, porque tenían miedo que su nombre y sus opiniones se conocieran en el medio en qué trabajaban. La gente tiene miedo de hablar de lo que pasa en su diario o emisora. Y esto pasa en nuestro país, en Catalunya...

Con el impulso de estos buenos resultados, el Sindicat ya ha empezado a preparar la edición del año próximo con el objetivo que sea la de la consolidación del Kinocscat. Así pues y considerándolo un proyecto de sector y de país, el SPC quiere trabajar conjuntamente con todos los actores participantes en el proyecto (realizadores, televisiones e instituciones) para conseguir que la muestra se convierta en una cita ineludible para los profesionales y que sea atractiva para el público y permita dar una segunda vida, con el reconocimiento que se merecen, a los trabajos documentales producidos por las cadenas catalanas. Las movilizaciones estudiantiles contra el plan de Bolonia hicieron que se aplazara la proyección de Balseros, prevista para el 6 de marzo en la Facultad de Geografía e Historia de la UB. La proyección se hará finalmente el martes 1 de abril, a las seis de la tarde, en el mismo lugar, l’Aula Magna de esta Facultad , en la calle Montalegre, 6, de Barcelona. Al igual que en el programa inicial, la mesa redonda posterior a la proyección contará con la participación de Carles Bosch y Josep Mª Doménech, realizadores del documental y profesionales de TV3, y Miquel Izard, profesor emérito de Historia de América de la Facultad de Geografía y Historia de la UB.

En el acta del fallo, el jurado asegura otorgar este premio a Márquez por «su defensa de la labor periodística en uno de los países en los que resulta más difícil y peligroso el quehacer informativo». Además, el jurado ha extendido el reconocimiento a todos los profesionales que desde Colombia asumen el compromiso con la verdad y, en palabras de Márquez, «sobreviven narrando la guerra desde la perspectiva de las víctimas».

El jurado del premio, integrado en esta ocasión por los periodistas Soledad Gallego-Díaz, Pedro Lázaro y Almudena Ariza, y los profesores Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Juan Luis Manfredi, además de por Antonia Parrado y la secretaria general del SPA, Lola Fernández Palenzuela, ha elegido a Márquez entre nueve candidaturas de cinco países distintos tras una discusión que se ha prolongado durante casi tres horas.

Tanto Soledad Gallego-Díaz como Almudena Ariza han puesto de manifiesto el alto nivel de los participantes y han apostado porque se vuelvan a presentar en posteriores ediciones porque todos «tienen méritos para conseguirlo». Antonia Parrado ha agradecido al SPA la convocatoria del premio que lleva el nombre de su hijo y, junto a la secretaria general del sindicato se ha sumado a la huelga que llevan a cabo los trabajadores del programa Andalucía Directo.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) también ha hecho llegar sus congratulaciones al galardonado. Aidan White, secretario general de la FIP manifestó que «estamos emocionados que el premio reconozca el excelente trabajo que Eduardo realiza para mejorar las condiciones de vida de los periodistas en Colombia». Añadió que el impulso dado a la federación colombiana ha permitido en poco tiempo mantener una lucha colectiva de los periodistas para proteger sus derechos.

El II Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, que fue creado en homenaje al periodista cordobés fallecido en la guerra de Irak el 7 de abril de 2003, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba (UCO), será entregado en Córdoba el próximo 7 de abril de 2008.

El texto aprobado por las partes incluye un Código Deontológico que los periodistas, directores y responsables editoriales deben cumplir obligatoriamente. Además, permite que se exprese la opinión de los professionales sobre el nombramiento de los directores de los Servicios Informativos, aunque no es vinculante, e incluye los principios que deben regir la carrera profesional. El Estatuto deberá ser sometido ahora a referéndum, que se celebrará el próximo 18 de abril, entre todos los profesionales de la información audiovisual del grupo y, finalmente, será ratificado por el consejo de administración.

A partir de aquí, se espera que el próximo mes de mayo se puedan celebrar las elecciones de los miembros del primer Consejo de Informativos de la Corporación RTVE. El Estatuto de Información ha sido una reivindicación histórica de los trabajadores de RTVE, pero ninguna de las direcciones del ente, designadas tanto por parte del PP o como del PSOE, aceptó hasta ahora la participación de los profesionales. La Ley de la Radio y la Televisión Pública de enero de 2007 reconoció este derecho, que se ha plasmado en el Estatuto que se acaba de consensuar.

En la presentación de las conclusiónes, el vicedecano universitario indicó que «el periodista ha dejado de tener su propia agenda e iniciativa para crear noticias propias, gracias al hecho que las tecnologías y los gabinetes facilitan este nuevo pseudoperiodismo, lo que ha permitido a las empresas poder «dar cada vez menos valor a los profesionales», que cada vez sufren más la lacra de la precariedad laboral. Esto «redunda también en el papel de los becarios en los medios, que no habrían de ocupar trabajos de redactores, sino ser considerados estudiantes que van a una empresa a aprender".

La mayoría de los 170 asistentes a las jornadas, eran alumnos, cuyas grandes inquietudes iban en torno al futuro de la profesión, la situación laboral y el desarrollo de las prácticas. López Hidalgo dice que los estudiantes «ven con preocupación la situación de las empresas, desde una actitud crítica, lo que es bueno porque un grave problema del periodista es que nunca ha tenido conciencia de ser un asalariado». Al respecto, el vicedecano opina que «el profesional de la información siempre ha considerado que no había de estar en un partido político o entrar en un sindicato, cosa que ha causado que como trabajador se esté debilitando» enfrente de las empresas. Durante las jornadas se analizó la necesidad de pertenecer a colegios o sindicatos de periodistas, puesto que en España el índice de sindicación es «de los más bajos de Europa». También se constató que es difícil encontrar un periodista «que no hable de los problemas de otros sectores y, sin embargo, nunca se plantee ni discuta los problemas propios de su profesión».

El Sindicato de los Periodistas de la Campania y el Ordine de los Periodistas de la Campania expresan su solidaridad con la colega de Il Mattino, Rosaria Capacchione, que conjuntamente con otras personas, entre las cuales hay el escritor Roberto Saviano, ha sido objeto de graves acusaciones por parte de representantes del crimen organizado de Caserta. La compañera Capacchione que desde hace tiempo se ocupa de la información sobre la camorra casertana, últimamente ha sido objeto de amenazas de claro signo criminal, según informa la FNSI en su página web. Durante una de las sesiones del proceso Spartacus, Capacchione fue acusada de haber apoyado con sus artículos la estrategia de la Fiscalía que tiende a condicionar las declaraciones acusatorias de algunos arrepentidos de la camorra. La FNSI y el Ordine, sin querer intervenir en el trabajo de jueces y abogados, ratifica su solidaridad con la compañera Capacchione, «que ha puesto de relieve una precisión profesional ejemplar informante de cuestiones que al mismo tiempo que son muy arriesgadas a nivel personal, reflejan fielmente la veracidad de los hechos. Capacchione sólo ha hecho su trabajo de periodista, ejercitando sus derechos y deberes reconocidos y defendidos en un estado de derecho». En la web del sindicato italiano de periodistas (fnsi) se puede ampliar la información sobre el caso.

De las 49 personas de Andalucía Digital Multimedia que hoy en día realizan el programa, 39 han participado en la primera jornada de huelga y de los diez restantes, 5 se encuentran de baja médica.

Con el lema «Andalucía Directo de luto. Mi precariedad es tu desinformación» los trabajadores del programa se han reunido ante las delegaciones de la Junta de Andalucía de cada una de las ocho capitales de provincia, así como frente a la Consejería de Empleo, en Sevilla, donde después de informar a los medios de comunicación del conflicto laboral que atraviesan, han entregado en todas las ciudades un escrito dirigido al Consejero de Empleo para informar de su situación.

Los miembros del programa de Granada, a la salida de la Delegación de la Junta de Andalucía, se han dirigido hacia la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde estaba prevista la visita en campaña del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Cháves, quién les ha atendido a su entrada al recinto y se ha comprometido «a hablar con el Director General de la RTVA».

Los trabajadores y trabajadoras de Andalucía Digital Multimedia han llegado a esta situación después de varios intentos de sentarse a hablar con representantes de la empresa, desde el pasado mes de julio. Tan sólo el 16 de enero accedieron a sentarse, justo dos días antes de la convocatoria de una mesa informativa en la puerta de la gala del décimo aniversario del programa. Después, los responsables de la empresa ADM sólo han querido sentarse para negociar los despidos de varios trabajadores y en ningún caso para regularizar la precariedad, situación laboral en la que se encuentra la plantilla.

Es por todo ello por lo que el 26 de febrero se iniciaron movilizaciones, vistiéndose todos los trabajadores de luto, entre ellos los reporteros del programa. Después de pedir la mediación del SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) ayer lunes 3 de marzo el comité de huelga acudió al acto de conciliación con el abogado de la compañía sin que éste accediera a ningún tipo de negociación con los empleados.

Los trabajadores de Andalucía Directo vienen desarrollando su trabajo en condiciones precarias: jornadas laborales que exceden con mucho las 35 horas semanales que marca el convenio del sector, en régimen de jornada partida (aproximadamente 50 horas), con salarios que a duras penas llegan a los 1000 euros mensuales (sin retribución de festivos, ni incremento del IPC) o sin seguro de accidentes, a pesar de estar todo el día en la carretera. Tampoco sus condiciones laborales, reguladas por un convenio obsoleto que no se actualiza desde el año 2002, han sido adaptadas a la nueva normativa ni a la Ley de Igualdad.

Las movilizaciones de las mujeres y hombres que trabajan en Andalucía Directo, continuarán con la convocatoria de huelga para las jornadas de mañana miércoles 5 y viernes 7. Asimismo, está prevista también huelga para todas las jornadas del 16 y al 21 de marzo, coincidiendo con el programa especial de Semana Santa que Andalucía Directo realiza habitualmente desde hace diez años.

Las semanas que vienen serán decisivas para completar la renovación de cargos y de organismos de la nueva Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). La primera decisión debe ser el nombramiento del nuevo director general, convocado por concurso público, que se perfila como una figura de gestión, sometida al Consejo de Gobierno de la CCMA. Algunos de los candidatos tienen calidades acreditadas, pero quizás y sobre todo en el ámbito del audiovisual privado, y con conexiones históricas con productoras abiertamente partidarias de la privatización de la producción de los medios públicos.

Formalmente, la Ley de la CCMA otorga al director general el nombramiento de los directores de los medios de la Corporación, con el visto bueno del Consejo, y está por ver el perfil que se les quiera dar: también de gestores, centrados en los contenidos como en la etapa Majó, o regresando a una concepción más integral de dirección. En todo caso, haría falta que el Consejo de Gobierno desvaneciera claramente las dudas, basados en informaciones no desmentidas, sobre la negociación partidista para repartirse las direcciones de los medios y áreas de influencia en la radio y en la televisión de la Generalitat, como los departamentos de informativos y de programas.

Por último, corresponde al Parlament nombrar los miembros del Nuevo Consejo Asesor de Contenidos y Programación, que debe garantizar la presencia de representantes de la sociedad catalana, entre ellos de los sectores profesionales afectados, y de los trabajadores de las empresas de la Corporación. Si en el proyecto original de la Ley la elección era directa desde la sociedad civil, en función de la representatividad de las organizaciones, la Ley vigente traslada la elección al Parlament con unos criterios que obligará a los diputados a concretar sus referencias genéricas, y que puede poner en peligro la representación de profesionales y trabajadores de la CCMA.

Por todo ello, desde el SPC reclamamos del Consejo de Gobierno de la CCMA y de los grupos parlamentarios que actuen de acuerdo con el sentido de la Ley de la Corporación, y aseguren una elección de profesionales competentes, comprometidos con el modelo de medios públicos aprobado, y que garanticen una representación social, profesional y laboral que sea plural y permita enriquecer la gestión de los medios de la Generalitat.

Barcelona, 19 de marzo de 2008

El SPIB solicita a los tres partidos políticos del Gobierno balear que preside Francesc Antich, (PSOE, BLOC y UM) que cumplan su programa electoral en el que se comprometen a una Ley del Consejo Audiovisual y a modificar la Ley de Constitución del ente Público de Radio y Televisión de las Islas Baleares, por adecuarla a las nuevas previsiones del Estatuto y al control parlamentario de estos medios de comunicación. El sindicato de periodistas baleares pide la aceleración del cumplimiento de estos compromisos para garantizar una televisión más plural y democrática y la mejora de las precarias condiciones laborales y profesionales de sus trabajadores.

Asimismo el SPIB reclama que se ponga fin a la externalización de los servicios informativos que, como se demuestra, están en manos de intereses puramente económicos, ajenos a la propia radiotelevisión pública.

El proyecto, que sigue la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establece que la identificación de las fuentes periodísticas en un proceso penal debe tener un carácter «excepcional» ligado a la naturaleza particular de los casos. Además, los registros en los medios de comunicación o en los domicilios de los periodistas solo deberán hacerse en presencia de un juez, que tendrá que garantizar que no se atenta de forma desproporcionada contra el derecho al secreto de las fuentes. Asimismo, los periodistas podrán negarse a revelar sus fuentes no solo ante un juez instructor, como hasta ahora, sino también ante un tribunal, ha indicado el Gobierno.

También en Estados Unidos
El presidente del Comité Judicial del Senado estadounidense, Patrick Leahy, y el senador republicano de ese comité, Arlen Specter, solicitaron la semana pasada que se someta a votación el proyecto de ley federal conocido como Libre Flujo de Información, que establecería un mecanismo federal para proteger el intercambio informativo entre los periodistas y sus fuentes confidenciales. La Cámara de Representantes norteamericana aprobó un proyecto similar el año pasado, pero la aprobación del Senado permanece estancada ante la oposición del Departamento de Justicia y la Casa Blanca a la iniciativa.

En la renovación de este convenio se persigue llegar a establecer un salario digno, que se pague el trabajo que se realiza los domingos y que la tabla salarial del convenio sea reconocida como de mínimos y aplicable a todos los convenios vigentes en prensa diaria que estuvieran por debajo de ella. A todo ello se niega de manera cerrada la patronal de prensa.

La FeSP se congratula de que CCOO y UGT hayan llegado a reconocer la necesidad de esta última reivindicación; a la cual no debieron renunciar esas centrales en los anteriores convenios; de la misma manera que no debieron haber aceptado la existencia de la categoría de auxiliar de redacción con la que se precariza al sector.

Asimismo, señala que aunque se alcance todo lo reclamado, este convenio seguirá siendo incompleto mientras continúen expresamente excluidos los periodistas a la pieza (colaboradores y corresponsales) que realizan casi el 40% de la producción de los periódicos.

La FeSP recuerda que a pesar de contar con representación más que suficiente para participar en estas negociaciones, se lo impide la obstrucción manifiesta de los dos sindicatos mayoritarios. Esto no nos impide, sin embargo, apoyar las concentraciones y medidas de presión de los trabajadores de los periódicos afectados y alentarlos a continuar su lucha por dignificar la profesión, en la que siempre nos encontrarán a su lado.

Barcelona, 17 de marzo de 2008
Junta Ejecutiva Federal de la FeSP

Ante las elecciones generales del próximo 9 de marzo, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) cree necesario recordar que los periodistas nos enfrentamos a muchos problemas profesionales y laborales para desarrollar nuestra tarea diaria. Esto afecta directamente a la calidad de nuestro trabajo y, por consiguiente, al derecho a la información de la ciudadanía. Sin embargo, la mayoría de las formaciones políticas no están haciendo ninguna referencia a esta cuestión en la campaña electoral. La mayoría de ellas ni siquiera lo incluyen en sus programas. Éste es un resumen de la situación:

PSOE

El Partido Socialista Obrero Español se compromete a promover una Ley General Audiovisual, extender la reforma de RTVE a todas las televisiones públicas autonómicas y locales, reformar la agencia EFE y crear el Consejo Superior de Medios Audiovisuales y Multimedia. También dice que promoverá un Estatuto del Periodista Profesional, aunque lo condiciona a que se logre el consenso entre sindicatos, empresas y asociaciones profesionales.

IU-ICV

Izquierda Unida-Iniciativa Verds, en la pasada legislatura, asumió el borrador de Estatuto del Periodista Profesional elaborado por todas las organizaciones de periodistas y lo presentó en el Congreso como proyecto de ley. Ahora, apuesta por la calidad de los medios de comunicación públicos, invita a los privados a que sigan este modelo y propone: un Consejo de la Información Audiovisual, desarrollar el secreto profesional y la cláusula de conciencia, aprobar un Estatuto del Periodista Profesional y una ley que regule los derechos laborales de los informadores, suprimir de las televisiones públicas la telebasura y aprobar un Estatuto de la agencia EFE.

CiU

Convergència i Unió (CiU) propone una Ley del Audiovisual y un Consejo Superior del Audiovisual de ámbito estatal, y promover las condiciones necesarias para garantizar el derecho a recibir información veraz.

PP y PNV
El Partido Popular no dedica ninguna de las casi 2.000 propuestas de su programa electoral a estos asuntos. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) tampoco hace referencia a los periodistas ni al derecho a la información de la ciudadanía.

ERC Y BNG
Aunque no hace mención en su programa, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha respondido a las inquietudes manifestadas por la FeSP en su carta a los candidatos y se ha comprometido con nuestros postulados. ERC también lo ha asumido de manera verbal.

Aunque alguna otra formación también ha mostrado similares apoyos, la Junta Ejecutiva de la FeSP considera que al tratarse de un derecho fundamental de la ciudadanía, la elaboración de los programas electorales hubiera sido la mejor ocasión para que cada partido expusiera en ellos sus propuestas sobre esta materia. En este sentido, lamenta que lo hayan hecho tan pocos.

La FeSP tiene entre sus objetivos la defensa del derecho a la información, los intereses de los profesionales, la implantación en los medios de Estatutos de Redacción y un Código Deontológico, la creación de un Consejo General de la Información, los derechos de autoría y un Estatuto del Periodista Profesional en el que, entre otras cosas, se regule la figura del periodista a la pieza.

Constituida por sindicatos independientes y soberanos en sus decisiones, la FeSP no pide el voto para un partido concreto. Se limita a exponer el interés por los problemas de nuestra profesión que ha demostrado cada una de las formaciones y cómo los han plasmado en sus programas electorales, para que cada periodista esté informado de ello ante las próximas elecciones del 9 de marzo.

3 de marzo de 2008

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer trabajadora, queremos denunciar una vez más la desigualdad laboral que todavía afecta a las mujeres, que ocupan puestos de trabajo menos valorados, con sueldos más bajos y que tienen una tasa de paro más alta que la de los hombres. Esta situación se agrava en el sector de la comunicación y en los medios informativos, dónde las mujeres se encuentran a menudo en una situación muy precaria debido a la carencia de regulación laboral, sobre todo en el caso de las colaboradoras y free-lance –colectivos fuertemente feminizados–, y a unas condiciones de trabajo que no favorecen la conciliación de la vida privada y la laboral.

Por esto nos congratulamos de nuevo de la aprobación, en 2007, de la Ley orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que da un papel más relevante a la negociación sindical con respecto a la introducción de medidas para eliminar la discriminación laboral en las empresas y para promover estrategias a favor de la igualdad a través de instrumentos como el plan de igualdad. Pero debe hacerse constar que ninguna gran empresa de Catalunya tiene todavía un plan de igualdad, incluyendo ninguna empresa del sector de la Comunicación. Por esto, continuaremos luchando para introducir medidas que promuevan la igualdad de oportunidades en las empresas de comunicación y para hacer que la Ley de Igualdad se cumpla incluyendo estas medidas en los convenios colectivos y aplicando planes de igualdad en las empresas.

Barcelona, 7 de marzo de 2008

Este es el compromiso textual del Consejo de Gobierno:
«El Consejo de Gobierno de la CCMA presentará a los comités profesionales de las empresas de la CCMA una nueva propuesta sobre el tratamiento informativo de las campañas electorales que entrará en vigor antes de las próximas elecciones.
Este consejo trabajará con los representantes de los profesionales y de los partidos políticos para encontrar una fórmula alternativa a la del documento del pasado 13 de febrero que se base en aplicar criterios estrictamente periodísticos, que ya incluyen la proporcionalidad y la pluralidad, y sin condicionantes de tiempo ni de orden, ni parciales ni totales, tal y como se rige la actividad profesional durante todo el año.»

Gracias al apoyo mayoritario de la Asamblea de Trabajadores a favor de la huelga, consideramos que hemos hecho un paso adelante tras deiz años de lucha contra los bloques electorales. Por primera vez se contempla una información electoral sin ninguna horquilla de tiempo, una reivindicación histórica de los profesionales de los medios públicos.

Seguiremos con mucha atención el cumplimiento de este compromiso de cara a próximas campañas electorales. ¡Gracias por vuestro apoyo!

Barcelona, 6 de marzo de 2008

La protesta consistirá en cuatro paros de media hora en Catalunya Ràdio, Catalunya Información, Catalunya Música e iCat fm, que afectarán las franjas horarias de 08 h-08 30 h, 14 h-14 30 h, 19 h-19 30 h y 21 h-21 30 h.

En Catalunya Ràdio y Catalunya Información, estas medias horas empezarán con un espacio informativo de cinco minutos (cuatro de información general y uno de deportes, sintonías incluidas). Los 25 minutos restantes se llenarán con música grabada previamente. En cada una de estos paros se leerá tres veces un comunicado explicativo de la protesta: uno al comienzo, otro a un cuarto y el último, que cerrará la media hora de protesta.

En iCat fm la protesta se empezará leyendo el comunicado de huelga. Acto seguido se hará el boletín habitual y justo después se emitirá la misma grabación musical de 25 minutos que se emite en CR y CI. Finalmente, Catalunya Música emitirá en estos periodos de paro los comunicados de protesta y una selección musical diferente de la habitual, también grabada.

Constatamos que en las negociaciones con la empresa, el comité de huelga ha ofrecido suspender todas las protestas si el Consejo de Gobierno de la CCMA se comprometía por escrito a suprimir cualquier horquilla de tiempo en la regulación de la información electoral en futuros comicios. Los representantes de las emisoras tampoco aceptaron ninguna clase de arbitraje a través del Tribunal Laboral de Catalunya. Todas estas ofertas están recogidas en el acta de conciliación.

Barcelona, 4 de marzo del 2008

Las candidaturas han sido presentadas por diferentes organizaciones profesionales españolas y extranjeras. Concretamente, las nacionalidades de los candidatos al premio son española (3 de ellos), mexicana (1), colombiana (2), ucraniana (1) y portuguesa (1).

El jurado del premio está integrado este año por los periodistas Pedro Lázaro (Canal Sur), Almudena Ariza (TVE), Soledad Gallego-Díaz (El País), los profesores Antonio Manuel Rodríguez Ramos (Derecho. Universidad de Córdoba) y Juan Luis Manfredi (Periodismo. Universidad de Sevilla), Antonia Parrado, como representante de la familia Anguita Parrado, y la secretaria general del SPA, Lola Fernández, que actuará como secretaria del jurado, con voz pero sin voto.

Estimado señor:

Con motivo de las elecciones generales del 9 de marzo próximo, desde la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) nos dirigimos a todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno para presentarles nuestras principales preocupaciones y conocer su opinión al respecto y sus compromisos concretos sobre ellas.

En la última legislatura se ha producido algún avance en la dirección de nuestras propuestas con la aprobación de la nueva ley sobre la RTVE, aunque ha llegado acompañada de una reducción de recursos humanos mediante prejubilaciones que ha ocasionado en las redacciones el descabezamiento de un buen número de los mejores profesionales con experiencia, indispensables para acometer la reforma pretendida.

Entendemos que la reforma de RTVE ha de estar acompañada de una nueva Ley del Audiovisual y de la creación de una Autoridad del Audiovisual independiente, para completar el marco legislativo en el sector de los medios audiovisuales públicos y privados. Pero, una vez más, estas iniciativas legislativas han quedado aplazadas. También creemos que los criterios de reforma de RTVE deben ser aplicados al conjunto de las radios y televisiones públicas autonómicas y locales que no lo hayan hecho, y que son la mayoría, para configurar un sector público que sea digno de este nombre.

En el ámbito laboral del sector audiovisual no se ha podido lograr la negociación colectiva, debido a la persistente negativa de la patronal privada. En el mejor de los casos sólo se han logrado convenios con algunas empresas concretas que son de las más grandes del sector. Pero, al mismo tiempo, la proliferación de nuevas empresas radiofónicas o televisivas y el dinámico sector de productoras privadas mantienen el lamentable estado de desregulación laboral, siendo un auténtico pozo de precariedad.

Una precariedad que afecta también al conjunto de los medios de comunicación de todo tipo, en los que tampoco se ha regulado laboralmente la figura del colaborador ni la del corresponsal, que siguen con el tradicional sistema del cobro a la pieza, sin que se reconozca su dependencia laboral de la empresa y sin ningún tipo de contrato.

A pesar de las recomendaciones incluidas en el Código Deontológico del Periodismo, que el Consejo de Europa aprobó por unanimidad en 1993 y que España ratificó, el derecho a la información que consagra la Constitución española en su artículo 20 sigue sin estar regulado legalmente, como tampoco lo está el derecho constitucional al secreto profesional.

Muchos son los desajustes de la realidad informativa en España. Muy lejos queda el cumplimiento del compromiso constitucional de que la ciudadanía tiene derecho a recibir una información «veraz, plural y completa». Un proyecto legislativo que pretende esa regulación, el Estatuto del Periodista Profesional (EPP), ha permanecido durante los últimos cuatro años en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados sin que haya llegado a ver la luz y ha decaído, por la disolución de las Cortes Generales, después de 109 prórrogas del plazo para presentar enmiendas.

Todas éstas son preocupaciones que trascienden el ámbito del colectivo periodístico. De aplicarse las soluciones que reclamamos, se configuraría un modelo para la información que estaría a la altura de una democracia madura y al servicio de la ciudadanía. Por todo ello, desearíamos conocer sus compromisos sobre estas materias para la próxima legislatura, más allá de las referencias o ausencias del programa electoral de su formación política.

Deseándole todo tipo de éxitos personales, quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente

Enric Bastardes
Secretario general de la FeSP

Tras seis meses de negociaciones entre el consejo de administración y la comisión elegida por los trabajadores para su redacción se ha llegado a consensuar un texto que, entre otras cosas, institucionaliza los Consejos de Informativos. Estos serán elegidos por los profesionales de la información audiovisual, y actuarán como órganos de control interno para garantizar la independencia editorial de la Corporación y velar por la independencia profesional de los informadores.

El texto aprobado por las partes incluye un Código Deontológico de obligado cumplimiento para los periodistas, los directores y los responsables editoriales. Además, exige la opinión de los trabajadores sobre el nombramiento de los directores de los Servicios Informativos, aunque no es vinculante, e incluye los principios que deben regir la carrera profesional. El Estatuto deberá ser sometido ahora a referéndum entre todos los profesionales de la información audiovisual del grupo y, finalmente, será ratificado por el consejo de administración.

A partir de ahí, se espera que en el próximo mes de mayo se puedan celebrar las elecciones de los miembros del primer Consejo de Informativos de la Corporación RTVE. El Estatuto de Información ha sido una reivindicación histórica de los trabajadores de RTVE, pero ninguna de las direcciones del ente, designadas tanto por parte del PP o como por el PSOE, aceptó la participación de los profesionales. La Ley de la Radio y la Televisión Pública de enero de 2007 reconoció este derecho, que se ha plasmado en el Estatuto que se acaba de consensuar.

Entre el resto de actos previstos, el SPC quiere desarrollar también encuentros de carácter más local en distintos puntos de Catalunya así como también varios actos lúdicos e institucionales para celebrar esta efeméride que el sindicato quiere compartir con el conjunto de la profesión. El SPC irá informando de estos actos a través del Fil Directe y de la página web del sindicat.

Entendemos que los medios de comunicación tienen el deber de ofrecer una información objetiva y plural. Esta obligación se debe manifestar tanto en épocas en qué los ciudadanos están llamados a votar en unas elecciones o en un referéndum como durante el resto del año y, por lo tanto, la información electoral se debe elaborar con los mismos criterios profesionales con qué ya se hace la información política: selección de las noticias en función del interés informativo, respetando los principios de pluralidad, neutralidad, contraste de la información, veracidad, rigor y equilibrio. Condenamos, por lo tanto, la decisión final de la Junta Electoral Central que desestimó un recurso que la dirección de IB3 y de la Radiotelevisión de Mallorca aprobaron y en el que pedían poder dar cobertura electoral siguiendo criterios profesionales, tanto en la duración y ubicación de las noticias como en las entrevistas electorales. Esperamos que esta protesta sirva porqué en próximas campañas electorales no se repita este modelo.

Palma de Mallorca, 22 de febrero de 2008

Sin embargo, el sindicato exige a la Consejería de Administraciones Públicas que cumpla con su obligación de velar por el cumplimiento de las condiciones impuestas para las empresas adjudicatarias en los proyectos presentados el 1998, condiciones que las hicieron merecedoras de la adjudicación de su respectiva licencia de explotación radiofónica. El SPIR entiende que los verdaderos perjudicados por esta situación son los profesionales de la información de la Rioja, colectivo al que «se le niega una bolsa de ocupaciones que supuestamente las nuevas emisoras radiofónicas iban a crear». El Sindicato advierte que si las empresas «no cumplen con sus obligaciones de contratación de profesionales de la información, y en las condiciones dignas que el desempeño de nuestra profesión requiere, el SPIR exigirá tanto a la Administración regional como a las empresas adjudicatarias las posibles responsabilidades que se deriven de su incumplimiento, en el ejercicio de las acciones legales que pudieran corresponder.»

El sindicato gallego alerta que «los partidos y la Xunta no pueden seguir siendo cómplices de este destrozo»; sobre todo cuando es evidente que la mayoría de las empresas vulneran las condiciones que exigen las ayudas publicadas en el DOG por la Junta en los últimos años, especialmente en aquello que se refiere a la promoción de la lengua. El sindicato gallego agradece a la diputada Modesta Riobó (BNG) la presentación de la Proposición no de ley sobre las ayudas económicas destinadas a las empresas periodísticas y de radiodifusión. La iniciativa parlamentaria recoge básicamente dos propuestas. La primera es vincular las ayudas económicas del Gobierno gallego destinadas a los medios de comunicación para la lucha contra la precariedad laboral de sus profesionales, e introduce en la convocatoria de ayudas cláusulas que penalicen las empresas con altos índices de precariedad o concediendo más puntuación a las empresas que demuestren haber creado ocupación estable en el último ejercicio. La segunda apunta que «estas ayudas económicas estén condicionadas al uso real de la lengua gallega en los medios de comunicación, y obligándolos a justificar un aumento del uso del gallego a todas las secciones».

El acusador particular pide dos años de prisión por calumnias, o subsidiariamente, una multa de 14 meses a 150 euros diarios, además de una indemnización de 90.000 euros, que seria de carácter solidario con la empresa. No se ha presentado acusación por parte del Ministerio Fiscal. La Asociación de la Prensa de Almería, alarmada por el caso, ha hecho público que «las fianzas previas al juicio para responder de posibles responsabilidades civiles, impuestas al periodista y a la empresa, son absolutamente desorbitadas, casi cuatriplica el importe de la petición del acusador. Este tipo de decisiones judiciales perjudican gravemente el medio y el profesional, porque aparte de llevarlos a la ruina, puede desembocar en el cierre de la publicación, en caso de no poder responder al requerimiento, y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.»

El semanario cántabro La Realidad sufrió una situación similar cuando la ejecución de una sentencia de un tribunal de Santander provocó el cierre de la publicación por no poder hacer frente a la multa impuesta, posteriormente rebajada en un 90% por la Audiencia Provincial al revisar el recurso de los responsables de la revista. Una vez la sentencia ya fue firme, el editor de la publicación, el periodista Patxi Ibarrondo, se encontró que el mal ya estaba hecho porque La Realidad ya había desaparecido, y había dejado a todos sus trabajadores en la calle.

Los trabajadores y trabajadoras de ADM, empresa productora de Andalucía Directo, han iniciado hoy movilizaciones contra sus condiciones laborales precarias. Las movilizaciones acordadas por la asamblea se han iniciad hoy con una jornada en la que los trabajadores han aparecido de luto en pantalla durante el programa. En esta asamblea se acordó igualmente otras movilizaciones y jornadas de huelga para los días 4, 5, 7 y del 16 al 21 de marzo.

Los trabajadores de Andalucía Directo vienen desarrollando su trabajo en condiciones precarias: jornadas laborales que exceden con mucho las 35 horas semanales que marca el convenio del sector, en régimen de jornada partida (aproximadamente 50 horas), con salarios que a duras penas llegan a los 1.000 euros mensuales (sin retribución de festivos ni incremento del IPC), o sin seguro de accidentes a pesar de estar todo el día en la carretera. Tampoco sus condiciones laborales, reguladas por un convenio obsoleto que no se actualiza desde el año 2002, han sido adaptadas a la nueva normativa ni a la Ley de Igualdad.

Para tratar de abordar la situación, los trabajadores de Andalucía Directo llevan desde el pasado mes de julio intentando, infructuosamente, iniciar una negociación con la empresa, que ha negado un proceso electoral y la constitución de secciones sindicales en sus delegaciones.

La empresa accedió a reunirse con los representantes de los trabajadores en enero de 2008, ante la convocatoria de éstos para llevar a cabo un acto informativo sobre sus condiciones laborales el día que se celebraba en Granada el aniversario del programa. En esa reunión, los trabajadores entregaron un documento a la empresa con todas sus reivindicaciones, pero desde esa fecha lo único en lo que la empresa ha manifestado su interés, ha sido en negociar el recorte de plantilla, medida que sin lugar a dudas incrementará la situación de precariedad de los trabajadores.

Por el momento, pero, se ha definido ya un programa provisional. El lema de la Asamblea es Periodismo enfermo, un riesgo para la democracia y en el temario inicialment previsto se han incluido cuestiones como Amenazas al derecho a la información en España. Desregulación y precarización en las empresas de comunicación; La pérdida de protagonismo de los periodistas a las empresas de comunicación; Periodistas en comarcas, la precariedad laboral y profesional como bandera; y Propuestas para la dignificación de la tarea del periodista en una sociedad verdaderamente democrática.

La huelga consistirá en cuatro paros de media hora de todos los trabajadores de todas las emisoras coincidiendo con los principales programas informativos de Catalunya Ràdio y Catalunya Informació. Esta movilización se añade a la actual huelga de firmas en aplicación de la cláusula de conciencia.

Con esta protesta los trabajadores de las emisoras de Catalunya Ràdio defendemos el derecho a hacer y ofrecer a los ciudadanos una información sin condicionantes ni injerencias políticas. Este es un paso sin precedentes tras diez años de lucha por la derogación total de los bloques electorales.

Barcelona, 25 de febrero de 2008

* Comité de empresa y comité profesional de las emisoras de Catalunya Radio

De forma creciente, ante cada proceso electoral la más importante preocupación de algunos partidos políticos parece ser cómo limitar el libre ejercicio profesional del periodismo en la cobertura informativa de las campañas. Como consecuencia de esa actitud se vulnera el derecho a la información de la ciudadanía.

El triste episodio de la negociación entre PSOE y PP para preparar los debates en televisión entre sus máximos líderes es una muestra más de que esos partidos aún creen que son ellos los dueños de la información y que no tienen prejuicios en despreciar a los medios públicos que son propiedad de todos los españoles.

La fijación arbitraria de los bloques electorales en los medios de titularidad pública por la Junta Electoral Central (JEC), que carece de competencias para hacerlo, es un insulto y un menosprecio a la capacidad y honestidad de los profesionales de la información de esos medios. Esta actuación ha sido denunciada por varios colectivos profesionales, denuncia a la que se suma la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP).

Por otro lado, los principales líderes políticos o sus asesores exigen a los medios entrevistas y debates pactados, en los que pretenden imponer incluso hasta los ángulos que deben captar las cámaras, lo que convierte a los periodistas en meros espectadores de esos mítines particulares.

Esos mismos asesores, en su afán por controlar las imágenes que llegan al espectador; ponen trabas al trabajo libre de las cámaras de los medios y ofrecen a las televisiones su señal institucional de los mítines.

En muchos casos, las empresas periodísticas aceptan emitir esas imágenes, con lo que se convierten en meros correas de transmisión de la información que les facilitan los partidos. Esto supone traicionar la misma libertad de prensa que dicen defender, por la comodidad y el ahorro económico que esto les representa.

Ante este lamentable espectáculo, la Federación de Sindicatos de Periodistas recuerda a todos los partidos políticos que la información es un derecho de la ciudadanía, que es su dueña; que los periodistas son los mediadores necesarios entre la información y la sociedad, y que el respeto a ese derecho fundamental exige que nadie ponga límites a la independencia profesional de los informadores. Es necesario que terminemos de una vez por todas con este bochornoso espectáculo.

24 de febrero de 2008

Esta es la octava campaña electoral en qué los profesionales de varios medios públicos catalanes hacen huelga de firmas, escritas o verbales, y parcialmente también de aparición en imagen, para protestar por la imposición del minutaje en la aparición de los partidos, aunque sea globalmente y no día a día.

Los bloques electorales, que no existieron los primeros años de la democracia, y que tuvieron en inicio una finalidad garantista para asegurar una presencia ecuánime de todos los partidos en unas radiotelevisiones públicas controladas por los gobiernos de turno, no tienen ya ningún sentido profesional ni informativo, porque priman la cantidad por encima de la calidad. Y no tienen ningún apoyo legal, como se ha querido hacer creer durante años, porque la LOREG sólo reclama de la información electoral en los informativos pluralismo y neutralidad, de las que no se deriva el concepto de proporcionalidad basada en los últimos resultados electorales.

También se cita ahora el CAC como fuente de autoridad, pero la Autoridad Audiovisual sólo hace recomendaciones, que olvidan también que los bloques no existieron siempre y la primacía del aspecto cualitativo sobre el cuantitativo. Por último, se argumenta que hacía falta introducir las horquillas de tiempo mínimo y máximo por partido como cómputo global por evitar que algún partido recorra los planes de cobertura elaborados por los consejos de administración de los medios, argumento defensivo que quiere ignorar que la JEC no tiene competencias para dictaminar sobre la información electoral en los informativos, porque la LOREG no se lo atribuye.

Justamente la JEC, que ha rechazado planes de cobertura flexibles para RTVE y para IB3, por recursos presentados por CIU y PP, y ha dictado bloques electorales estrictos en minutaje y orden de aparición, es el objetivo de la demanda al Tribunal Supremo anunciada jueves por varias organizaciones profesionales y a la que el SPC da todo su apoyo, porque ataca la raíz del conflicto, y por haber sido el sindicato la organización que más lo propuso en anteriores elecciones.

Por otro lado, la práctica habitual de la realización de la señal de vídeo por parte de muchos partidos evidencia la confusión permanente entre propaganda e información por parte de sus estrategas y la poca consideración que se tiene del trabajo de los profesionales y del derecho a la información de la ciudadanía. Lo mismo que demuestran los vetos de determinados partidos a los debates en la radiotelevisión pública estatal, que ya se rige, como otras, por mecanismos de consenso que no se deberán cuestionar despreciando los trabajadores de los medios y la misión de servicio público que tiene encomendada.

Por todo ello damos pleno apoyo a las